Lineamientos para el nuevo gobierno después del fracaso de los procesos descentralizadores de Toledo y García II
Pablo Bustamante Pardo
Expresidente de IPAE
Director de Lampadia
La descentralización es uno de los anhelos más hondos de los peruanos. Lamentablemente, cada vez que se intentó, fracasamos palmariamente. Así fue con la establecida en el primer gobierno de García, y ahora con la del nuevo siglo con Toledo, luego potenciada irreflexivamente por el segundo gobierno de García.
Es el colmo que algo tan importante se haga a las locas y que se malogre el espinazo de una de las instituciones más importantes para la estructura de la gobernanza de un país que debe balancear con efectividad su diversidad y su espíritu unitario.
Este proceso empezó mal desde el primer día. En su primer discurso a la nación como presidente, Toledo anunció el proyecto de descentralización sin contar con el apoyo de su gabinete de ministros, tal como está estipulado en la Constitución.
Y el país, sin abocarse a un proceso de análisis y diálogo nacional, se embarcó a un limitado diálogo político en el Congreso de la República.
Los resultados de nuestra fallida descentralización están a la vista de todos los peruanos.
- Un inconducente descuartizamiento del Perú.
- Desestructuración de la gobernanza nacional.
- Pésimos servicios públicos.
- Ausencia prácticamente absoluta de rendición de cuentas.
- Desenfoque de las autoridades regionales y locales sobre el rol de promoción de la inversión privada, la única fuente sostenible de empleo y recursos fiscales.
- Captura de los gobiernos subnacionales por parte de mafias y operadores políticos corruptos.
- Delegación de facultades administrativas en ausencia de capacidades de gobierno.
- Desperdicio de los mayores volúmenes de recursos fiscales de nuestra historia, ya sea por falta de ejecución de proyectos, paralizaciones o pura corrupción.
- Empoderamiento de movimientos regionales en el marco del debilitamiento de los partidos políticos nacionales.
Una desgracia por donde se le vea. A tal punto que la gran mayoría de las autoridades regionales y locales están presos o procesados por corrupción, con la consiguiente paralización de los procesos de gobierno.
Una de las tareas más importantes del próximo gobierno es enmendar este entuerto. Para ello, hay que convocar a un gran diálogo nacional sobre la base de un buen análisis de los resultados de nuestro fallido proceso descentralizador, para aterrizar luego e un debate político debidamente acotado.
En esa línea quiero recordar mi intervención al respecto el 2002:
A pedido de Confiep participé (pro-bono) en el debate en el Congreso, donde indiqué que había una gran confusión, pues la descentralización ya se estaba dando con el regreso de la inversión privada a las regiones, que generaba empleo de calidad, capacitación, transferencia de tecnologías, infraestructuras y recursos públicos.
Lo que faltaba era desconcentrar al Estado, y para ello propuse llevar las cúpulas militares a Arequipa, las cúpulas judiciales a Piura, la Cámara de Diputados a Iquitos, la Cámara de Senadores al Cusco y el Tribunal de Garantías Constitucionales a Huancayo. Solo habría que dejar al poder ejecutivo en Lima.
Si hubiéramos ido por ese camino el Perú Oficial se hubiera acercado a sus ciudadanos y habríamos construido importantes infraestructuras sociales y económicas. Todos los ciudadanos habríamos entendido que Lima dejaría de ser el hueco negro que atrae gente, recursos y decisiones.
Ver en Lampadia: Una nueva descentralización – Contra la corrupción y los malos servicios públicos – 6/3/23
Ver además: La descentralización fallida – 17/1/22
En resumen, planteo ahora las siguientes líneas directrices:
- La descentralización relevante es de carácter económico, y se da a través de la inversión privada, que por su naturaleza se desarrolla fundamentalmente en las regiones.
- La desconcentración del Estado es de carácter político, y se da organizando la COOPERACIÓN de las facultades de gobierno entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales.
- Las nuevas regiones, o macrorregiones, deben integrar transversalmente las actividades económicas del país. Idealmente no deben pasar de cinco, incluyendo una posible región central entre la gran Lima y El Callao.
- Los servicios públicos deben darse con estándares nacionales, a cargo de autoridades nacionales autónomas y especializadas, ubicando sus centros de gobernanza en distintas capitales regionales.
- Hay que establecer los incentivos suficientes para que las autoridades subregionales promuevan y auspicien los procesos de inversión privada.
La descentralización es demasiado importante para encargarla a políticos advenedizos y poco capacitados, como hemos tenido en los últimos congresos, y que seguramente volveremos a tener el 2026.
El próximo gobierno debe convocar a una gran movilización de expertos, consultores extranjeros y a la ciudadanía, para acotar los lineamientos generales con los que se pueda dar paso al proceso político mismo. Lampadia
