Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial
Expreso, 13 de octubre del 2024
Por: Carlos Palacios
Uno de los objetivos de este CADE 2024 es involucrar a abogados y juristas a impulsar los cambios estructurales que requiere el país.
El lema de la CADE Ejecutivo 2024 es “De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro”. ¿Por qué considerar que el Perú está en una etapa de degradación?
No es un tema reciente, sino un proceso que lleva bastantes años, diría incluso décadas. Lo que hemos observado es que las expectativas, no solo de los empresarios, sino también de los ciudadanos en general, han estado enfocadas en una recuperación y en algún momento en particular, en el fortalecimiento de la gobernabilidad y de las instituciones del Estado.
La idea era que, a partir de ese fortalecimiento institucional, pudiéramos experimentar una recuperación integral, basada en obras de infraestructura y en la estabilidad política, económica y social. Sin embargo, lo que hemos presenciado desde la época de Pedro Pablo Kuczynski es una caída continua en la capacidad del Estado para gestionar no solo los principales problemas del país, sino también una incompetencia absoluta para cumplir mínimamente con sus responsabilidades de gestión.
Esto puede describirse de muchas maneras y con diferentes adjetivos, pero lo que hemos concluido es que el deterioro se manifiesta de manera generalizada en todos los aspectos relacionados con la institucionalidad, la gobernanza, la justicia, la seguridad y el clima para inversiones. Por tanto, consideramos que el término “degradación” refleja adecuadamente este proceso que hemos estado experimentando.
Todos coincidimos en que, para reconstruir nuestro futuro, es necesario implementar reformas. Desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son las reformas más importantes que se deben impulsar?
Las reformas más urgentes no parecen ser de carácter económico, ya que el país se encuentra en un proceso de recuperación. Las reformas principales que deben priorizarse son, en primer lugar, las electorales. Estas reformas son de carácter urgente, y de acuerdo con el cronograma, tenemos hasta marzo o abril del próximo año para realizarlas.
En nuestra opinión, existen cuatro reformas electorales clave. La primera es establecer restricciones mínimas para los candidatos. En segundo lugar, es necesario asegurar un financiamiento transparente por parte de las empresas a los partidos políticos, ya que necesitamos fortalecer a los partidos para revitalizar y reconstruir la política. No podemos seguir con una política caudillista como la que hemos visto recientemente en algunos candidatos, por lo que es fundamental permitir que las empresas financien a los partidos de manera adecuada.
El tercer punto se refiere al tema de la representación electoral. La representación en el Congreso y en el Senado debe corresponder a la distribución demográfica del país. Es decir, los lugares con mayor población deben tener mayor representatividad, y no al contrario, donde regiones con poca población tienen desproporcionadamente más representantes en el Congreso.
La cuarta reforma consiste en implementar un filtro que evite la fragmentación excesiva de candidaturas. Si no lo hacemos, podríamos terminar eligiendo a un presidente o presidenta que, en la primera vuelta, no llegue ni siquiera al 10% de apoyo popular. Esto no tiene ningún sentido ni legitimidad, ya que un mandatario elegido de esta manera carecería de una representatividad adecuada, pasando a una segunda vuelta con solo un 10 o 11% de los votos.
