Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Desde hace algunos años, aunque haciendo metástasis durante estos últimos 10 meses, no hay cumplimiento de la ley en el Perú. El sistema se ha prostituido, la ley es de aplicación selectiva:
- Normas de tránsito para ciudadanos normales, distinta que para los transportistas a quienes se les condona o anula las multas.
- Aplicación de legislación anticorrupción, con ciertos criterios para la izquierda, distinta que para los demás.
- Criterios de prisión preventiva o acción de la fiscalía diferente para los allegados al gobierno, que para el resto de mortales.
Alguien repetía que, en el Perú, de acuerdo a la legislación vigente, “todo está un poquito prohibido y un poquito permitido” y con esto, ya tenemos algunas muestras emblemáticas, aunque podríamos continuar enumerando muchísimos casos más.
Parece mentira, pero en el Perú tenemos
- unos 160,000 abogados, esto es, uno por cada 206 habitantes, además de tener en estos momentos 130,000 estudiantes de derecho, lo que quiere decir que 1 de cada 63 ciudadanos en edad universitaria, está estudiando para abogado.
- Por otro lado, nuestro poder judicial cuenta con más de 3,300 jueces, de los cuales 1,000 son supernumerarios,
- y el ministerio público cuenta con más de 6,500 fiscales, de los cuales unos 2,600 son fiscales provisionales.
- A esto debemos agregar un contingente de 130,000 policías dedicados al control de seguridad ciudadana e investigación del delito.
Esto significa que, en el Perú, hay un juez por cada 10,000 ciudadanos, un fiscal por cada 5,076 habitantes y un policía por cada 254.
El problema no parece ser la cantidad de abogados, jueces, fiscales y policías, para lograr la debida aplicación de la ley, sino el contar con una frondosa legislación, que no necesariamente está debidamente concordada, con una gran diferencia de criterios entre los abogados, los jueces y los fiscales. Una gran diversidad en la calidad educativa de esos profesionales, sin que se cuente con un nivel estándar a nivel nacional, al margen de los valores y principios morales de los individuos dedicados a esta tarea, tan utilizada para nuestro país, cuando por otro lado, todo se trata de judicializar en el Perú y cuanto menor el nivel educativo, mayor la propensión a entablar demandas judiciales.
A ese respecto, acabamos de ser testigos de cómo se festina el otorgamiento de grados y títulos en algunas universidades llenas de dinero, o la diversidad de criterios entre los jueces, para liberar a violadores y asesinos convictos y confesos, sin el menor escrúpulo, ni cuidado. Igualmente, la ligereza con que algunos fiscales se desentienden del cumplimiento de su función de investigar el delito y acusar debidamente, cosa que ya llegó hasta la cabeza de la Fiscalía de la Nación, pero sin consecuencia alguna, por no mencionar el mal funcionamiento de algunas dependencias policiales y en particular, el comportamiento de algunos miembros de la institución.
A lo dicho, debemos agregar la manera como se dilatan y manosean los procesos judiciales, tomando años, sino décadas, para llegar a sentencias finales que, ya nadie sabe si son finales, puesto que, si no se reabren los casos por algún artilugio, aún después de la sentencia de la “Corte Suprema”, pues se apela ante el Tribunal Constitucional y si no les gusta el resultado, el destino favorito de algunos, será la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En suma, la de nunca acabar.
A grandes males, grandes remedios, y puesto que este caos lo único que hace es alimentar aún más la corrupción reinante en el “sistema de justicia”, propongo para resolverlo, recurrir a la tecnología mediante sistemas de información e inteligencia artificial, con lo cual podremos alcanzar metas tangibles, tales como:
- Lograr una legislación debidamente concordada, la que elimine todas las normas que, ya como generalidad se dejan sin efecto mediante la frase, “Déjese sin efecto todas las normas que se opongan a la presente…”, pero sin especificar.
- Aplicar lo siguiente en el poder judicial: (i) Establecer criterios uniformes en base a jurisprudencia de aplicación obligatoria. (ii) Establecer la regla esencial de estrategia que determina claramente los temas en los que los juzgados no deben intervenir, sino hacer que sean resueltos por procedimientos, muy claramente acotados en un algoritmo y decididos por una computadora (ya existe vasta experiencia de su eficacia en países desarrollados). (iii) Lo mismo aplica a la Corte Suprema, quien no debe intervenir en todos los procesos, sino únicamente en aquellos en que sea necesario establecer una jurisprudencia de aplicación obligatoria.
- Estandarizar los criterios de las fiscalías para investigar el delito y acusar, de modo que no quede margen de duda que, todo ciudadano presumiblemente involucrado en un delito, debe ser investigado, sin excepción.
- Debe establecerse con claridad, que las prisiones preventivas son medidas aplicables a narcotráfico, crimen organizado y otros en los que se involucren hechos de sangre y peligro para la sociedad, mientras, por otro lado, debe acortarse los plazos de investigación de un delito y hacer los procesos judiciales más expeditivos. No puede haber juicios que, en cada instancia, duren más de un año.
- No se debe permitir tratamiento diferenciado ante la ley, en ninguna circunscripción del territorio nacional, sin distingo de cultura, raza, sexo u otros.
Estoy seguro que, en el ejercicio del derecho civil y comercial, las computadoras reemplazarán, con larga ventaja, a los egresados de universidades que no puedan garantizar la calidad de sus profesionales y que los algoritmos de inteligencia artificial, ayudarán a resolver progresivamente la podredumbre que se ha enquistado en el sistema judicial, pero debemos empezar a aplicarlo de inmediato, de lo contrario, seguirá acumulándose la carga procesal, por no contar con criterios claros y procedimientos que impidan dilatar las sentencias, a gusto de los jueces y fiscales. Lampadia
