Alejandro Deustua
21 de agosto de 2024
Para Lampadia
A la sombra del fraudulento resultado de la primera reelección de Maduro en 2018 su predisposición tramposa para las elecciones del 28 de julio último era una evidencia que el acuerdo de Barbados no pudo contener. A diferencia del primer fraude, que generó sanciones económicas inmediatas, el reconocimiento occidental de un presidente interino (Juan Guaidó) y la mayor actividad del Grupo de Lima (creado en 2017) hoy no se percibe una similar reacción de la comunidad internacional.
No obstante la contundente evidencia registral del triunfo opositor y de la indisposición de la dictadura a mostrar actas válidas esa comunidad está reaccionando con notable cautela y cuestionable energía.
En efecto, mientras Estados Unidos y la Unión Europea apenas requieren que la dictadura muestre esos documentos y sólo promueven negociaciones de salida democrática, la OEA se expresa mediante invocaciones y tres presidentes latinoamericanos de izquierda (Lula, AMLO y Petro) se atribuyen un rol intermediador. La mano suave ni siquiera muestra las “zanahorias” necesarias.
En ese marco Estados Unidos apenas estudia eventuales “nuevas medidas”, la Unión Europea expresa “gran preocupación” por la crisis en Venezuela y llama a la calma y el Consejo Permanente de la OEA, al no contar con los votos necesarios, ni siquiera considera las medidas coactivas contenidas en la Carta Democrática.
De manera complementaria, un grupo de 19 países y la Unión Europea (algunos países latinoamericanos, Estados Unidos, y algunos de los miembros de la UE) reunidos en Santo Domingo apenas invocan “sensatez y la cordura” mientras llaman al “diálogo y el entendimiento”, condenan la represión en Venezuela y defienden las libertades fundamentales en ese país sin aludir al triunfo opositor.
Y los “intermediarios” latinoamericanos no sólo no suscriben el documento sino que Lula y Petro, antes de que reclamaran las actas, sugirieron nuevas elecciones y AMLO ha dejado todo en manos del Tribunal Supremo de la dictadura.
Esas declaraciones difieren de la posición del presidente electo González Urrutia (y de Machado) que muestran disposición negociadora pero no a costa del desconocimiento de su triunfo ni de nuevas elecciones. ¿Por qué la comunidad internacional no adopta explícitamente esa legítima postura?
Quizás porque no aspiran a un improbable reconocimiento expreso de la derrota por la dictadura sino a una negociación en forma entendiendo que el régimen de Maduro es una amenaza que debe ser atajada y canalizada.
La primera amenaza consiste en el rechazo por Maduro de las alternativas de salida a través de incentivos sigilosos (el “puente de plata” implicando seguridad económica e impunidad pero que no alcanzaría a todos los copartícipes en la dictadura), de una participación activa en un gobierno de transición (negada por Machado quien asegura que el presidente electo asumirá el mando próximamente) o de un ejercicio legalizado en la oposición (que González y Machado aceptarían).
Una segunda amenaza (y más temida y peligrosa) consistiría en la plena denegación por Maduro de una transición pacífica. Aquélla se materializaría en la transformación de la dictadura que permite cierto juego opositor en franco totalitarismo. Esa mutación podría implicar también el “baño de sangre” represor esgrimido durante la campaña, una guerra civil en la que el 30% que apoya al dictador tiene las armas o un golpe de Estado militar.
Además de una nueva ola de migrantes, este escenario podría tener otras implicancias externas. El ejercicio de la violencia convencional podría ejercerse contra Guyana mientras cuaja el aprestamiento militar de aliados (Nicaragua y Cuba) temerosos de que la indisposición norteamericana a una intervención militar o de otra naturaleza cambie de valencia.
En este escenario la violencia no convencional se intensificaría a través de las guerrillas colombianas afincadas en ese país, de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y del extremismo partidario suramericano de izquierda o nacionalista.
De otro lado, la actual indisposición occidental a posturas coactivas quizás estén también influidas por la implicancia en Venezuela de grandes potencias (Rusia y China) que han reconocido el triunfo de Maduro y han consolidado un sólido posicionamiento en el norte suramericano. En las actuales condiciones de conflicto en Eurasia y Medio Oriente, esas potencias defenderían de algún modo una zona de influencia cuyas condiciones y asesoramiento mejorarían con la dictadura totalitaria.
Por lo demás, la cautela occidental en la reacción contra Maduro tiene también una explicación petrolera. En el caso norteamericano ese aprovisionamiento, que forma parte de sus importaciones necesarias, podría afectarse. En el caso chino, quizás Occidente no se desee que la permanencia totalitaria de Maduro incremente las garantías petroleras al financiamiento otorgado por esa potencia. Por lo demás, una fricción adicional con Maduro en este escenario puede tener la capacidad de afectar el precio y los flujos del petróleo.
Mientras tanto, una presencia totalitaria en el norte suramericano consolidaría la fragmentación regional. Al respecto es dudoso que Lula (que ha calificado al régimen de Maduro apenas de “desagradable”) abandone su neutralidad mientras procura rescatar del fracaso su rol protagónico externo. Y tampoco que AMLO revierta la defensa radicalizada de la no intervención. Petro, de otro lado, sufriría la intensificación opositora en medio de la gran complejidad de la relación con el vecino agregando inestabilidad en el área.
Como es evidente, Maduro no sería hoy un dictador totalitario cualquiera. Sería una amenaza incrementada que debe atajarse en todos los frentes. Lampadia
