Jaime de Althaus
El Comercio, 27 de julio de 2024
“En su discurso de mañana, la presidenta Dina Boluarte debería plantear con sinceridad el problema de las leyes que se aprueban haciendo caso omiso de las opiniones técnicas”.
Algunas cosas han mejorado desde el 28 de julio pasado, como el inicio del proyecto Tía María, que abre la compuerta para otras inversiones, buen ritmo en la adjudicación de asociaciones público-privadas, decretos legislativos que mejoran la posición de la policía en las investigaciones y facilitan inversión en equipamiento y laboratorios, y reformas y leyes aprobadas por el Congreso como la bicameralidad, el sistema de pensiones, cabotaje y contrataciones.
Pero no hay una respuesta clara al avance de la criminalidad, al mismo tiempo que el Congreso sigue aprobando leyes destructivas sin que el Ejecutivo tenga capacidad de contrapeso y descarta, por puro cálculo electoral, la reforma que impide la postulación de quienes hayan cometido delitos graves, dejando al país bajo la espada de Damocles de un eventual gobierno de la locura o de las mafias.
En su discurso de mañana, la presidenta Dina Boluarte debería reclamarle al Congreso aprobar esa reforma. Y debería plantear con sinceridad el problema de las leyes que se aprueban haciendo caso omiso de las opiniones técnicas del MEF y del BCR y luego por insistencia. Tiene que plantearle al Parlamento un acuerdo para detener ese vicio. Y nombrar un presidente del Consejo de Ministros con capacidad y ascendencia para lograrlo. Pues no podemos seguir así. En su defecto, mejor que se declare la vacancia apenas se convoque a elecciones.
También debería anunciar un plan efectivo para enfrentar de verdad a las organizaciones criminales de la minería ilegal, que son la amenaza más seria al país. Y que va a cumplir con el ofrecimiento que le hizo a las organizaciones empresariales y sindicales que conjuntamente le llevaron una propuesta de lucha contra la criminalidad, de que crearía una mesa de trabajo de alto nivel liderada por ella con reuniones mensuales para monitorear los resultados.
Esto es clave. Una de las propuestas de ese grupo fue la implementación de centros de flagrancia en todo el país, que reducirían sensiblemente la inseguridad. El proyecto existe y cuesta S/1.800 millones. Debería anunciar que se financia, al tiempo que le pide al Congreso que apruebe la ley respectiva. La seguridad es la primera tarea del Estado y para garantizarla es necesario postergar otros gastos.
En el 2023 solicitó facultades legislativas para recuperar la meritocracia. Las facultades se dieron y se promulgó un decreto legislativo que hizo obligatorio el paso al régimen del servicio civil en todas las entidades del Ejecutivo. Sin embargo, el MEF lo ha detenido porque no le quiere dar recursos. La presidenta debería anunciar que los da.
En Salud no puede continuar el desabastecimiento de medicinas y el abandono del primer nivel de atención. Debería anunciar la concesión de la logística de compra y distribución de medicamentos al sector privado, cuando menos.
El año pasado anunció un proyecto de ley para la formalización económica, pero se presentó uno que, en lugar de reemplazar los actuales regímenes tributarios y laborales por una escala gradual y progresiva, planteaba un salto abrupto y mortal al régimen general. Debe rectificar. Y anunciar fecha para la ventanilla única minera con procedimientos simplificados, hasta ahora en veremos.
¡Vamos Perú!
