Entrevista a César Azabache
Perú21, 3 de julio del 2024
Mayra Calderón Cornejo
Interminable. Azabache refirió que al tener 2,000 testigos, ninguna de las partes ha colaborado para que este caso sea aclarado fácilmente.
El exprocurador anticorrupción y abogado penalista César Azabache analizó el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles.
¿Cuál va a ser el reto principal de la Fiscalía?
Hoy se ha vuelto a perder una oportunidad para reorganizar los términos del debate. Este juicio ha sido organizado con una lista de 2,000 declarantes, 1,031 han sido propuestos por la Fiscalía y los otros casi mil por la defensa. Eso te indica que nadie está interesado en que este juicio sea simple, claro, o llegue a buen puerto fácilmente. En una sesión de juicio, yendo a toda velocidad, solo es posible interrogar a cuatro declarantes. ¿Cuánto tiempo se requiere para recibir 2,000 declaraciones, y leer y discutir 5,000 documentos? Este juicio tomaría, si no tiene accidentes, seis años.
Usted mencionaba que hay tres aspectos esenciales que se debieron diferenciar. ¿Cuáles son?
Este caso se convirtió en lo que ahora es cuando quedó establecido (…) que Odebrecht entregó en efectivo US$ 1′000,000 para la campaña de 2011. La Fiscalía ahora insiste en que su caso no es solo eso, sino que ahora tiene que ver con la recepción de otros 16 o 17 millones adicionales, que una maquinaria organizada dentro de Fuerza Popular recibió del público (aportantes particulares). Ahí hay dos casos, y un tercer caso que es muy importante y que se está perdiendo de vista. En octubre de 2019, Iván Montoya propuso otra ruta para entender las cosas. Montoya decía que el verdadero problema de esta historia no está en quiénes originaron o aportaron los fondos que utilizó el entorno de la señora Fujimori. Para él, el verdadero problema está en establecer si ella amasó una fortuna con esos aportes, si mantuvo esa fortuna en la clandestinidad, y si luego inyectó esa fortuna en la economía a través de maniobras simuladas. Esa tercera ruta no fue seguida nunca por la Fiscalía. La Sunat no está en esta historia. No hay ninguna discusión sobre los ingresos de Keiko Fujimori y quizás esta tercera historia es la que habría podido ser más fácil de debatir.
¿El reto más grande de la Fiscalía será probar si el dinero que se recibió fue ilícito?
Eso depende porque hay diferentes dificultades. Si enfrentamos el caso Odebrecht (…) la incertidumbre por despejar es si Odebrecht manejaba una lavandería, por qué la Fiscalía no tiene un acuerdo de confesión o colaboración eficaz con la constructora por lavado de activos (…) Si hablamos del caso de la maquinaria de Fuerza Popular, la pregunta es de dónde saca la Fiscalía que Juan Rassmuss (que ya está muerto) o que Dionisio Romero lavaban activos. Si estuviéramos hablando de la fortuna sería muy simple, los fondos a lavar serían el excedente no gastado en las campañas. Pero están las tres cosas a la vez. Eso no hace simple la discusión.
Cuando uno mira la investigación se queda con la sensación de que el enfoque principal no ha sido obtener justicia sino más bien un revuelo mediático.
Estamos pagando las consecuencias de haber administrado muy mal nuestros procedimientos judiciales. Por diferentes razones hemos llegado a un punto en el que tenemos delante lo que causa tolerar investigaciones de siete años, que es el tiempo transcurrido desde que esta historia empezó hasta ahora.
¿Cómo evalúa el proceder del fiscal Pérez? Para muchos está politizando el tema.
Las dos partes han politizado este debate. El fujimorismo ha convertido este caso en una reacción contra un sector de la Fiscalía al que considera enemigo. Este caso ha estado en las discusiones por las que se quiso mantener a Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación, y el proceso de Benavides ha sido un capítulo sobre si Rafael Vela y José Domingo Pérez iban o no a ser removidos. De modo que, este caso está hiperpolitizado por todos los personajes que intervienen en él. Y creo que es inevitable que un caso de ese nivel de sensibilidad se politice de esta manera. Pero eso no impide notar que hay giros innecesarios. No puedo dejar notar que el caso que se discutía hoy (ayer) no era el de Alberto Fujimori. Ese giro no tuvo ningún sentido.
¿Cree que este caso llegue a su fin con una condena?
Si nada cambia, este caso se va a sostener a lo largo de seis años. Ese tiempo es más largo que el que ocupa un periodo presidencial. Y, después de esos seis años, va a faltar dos más para el procedimiento de apelaciones, y quizás dos más para una casación suprema. Son 10 años más ¿Cómo se puede prever el destino final de un debate que se extiende de esa manera y en el que todos los personajes, incluyendo la Fiscalía, van a perder el control de la secuencia y la memoria sobre el actuado?
¿Quiénes son los responsables de que esto haya sucedido?
Yo creo que esto debería llevarnos a una reflexión muy fuerte sobre cómo organizamos los juicios porque este caso no debió pasar así a debate.
TENGA EN CUENTA
-Según César Azabache, si dos de los tres integrantes del tribunal no permanecen en sus puestos hasta 2030 —ya sea porque se enferman, renuncian o no son ratificados—, el juicio contra Keiko Fujimori se extendería más de los seis años, ya que el proceso judicial se interrumpiría y tendría que iniciarse de nuevo.
-Para el abogado penalista el caso fue mal planteado por parte de la fiscalía. Recordó que esta acusación ha sido corregida 19 veces. Dijo que hubiera sido más viable debatir el lavado de los fondos excedentes de la campaña fujimorista o un caso de defraudación tributaria.
