Es imposible trazar una línea recta entre el Perú de 2019 y el de 1990. Hoy, a pesar de nuestras limitaciones, somos largamente superiores al país de la última década del siglo pasado. En los años 90 hubo un gran punto de inflexión, un quiebre, que permitió que pasáramos de la condición de un ‘Estado Fallido’, a una suerte de ‘Estrella Internacional’.
Ese quiebre lo dio la Constitución de 1990 y las Leyes Madre: la Ley del Banco Central, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la Ley General de Minería, la Ley de Promoción Agraria, y otras leyes generales de igual importancia.
Gracias a ese conjunto normativo dejamos de ser un país pobre y nos ubicamos como un país de ingresos medios, pasando de un PBI per cápita de US$ 968 (1990), a uno de US$ 14,200 (2018) PPP. Veamos el siguiente cuadro que compara el Perú del año 1990 y el de 2011:
A pesar de los evidentes éxitos del modelo económico y social generado en los 90s, hay algunos grupos de políticos ideologizados que hablan de cambiar la actual Constitución. Ellos pretenden desconocer los indicadores de bienestar viendo un vaso medio vacío, en vez de uno medio lleno.
Una de las consecuencias principales de la Constitución de 1990, fue el regreso de la inversión privada, que había, prácticamente desaparecido. Esta se consolidó como producto de la Leyes Madre, especialmente en la minería y el agro.
La Ley de Promoción Agraria ha permitido crecer, exportar y generar empleo rural formal de buen nivel de ingresos. Sin embargo, hay quienes pretenden suspender el régimen.
En cuanto a la minería, el presidente Vizcarra ha cometido un tremendo despropósito planteando la necesidad de diseñar una nueva ley de minería. Además, lo ha hecho en medio de un ambiente levantisco y a puertas de un proceso electoral. Una barbaridad sin nombre.
Ya hoy tenemos propuestas de cambio que pretenden regresar la minería a la actividad del Estado, aumentar la tributación minera, que ya llega al 47% de las utilidades, acortar los períodos de concesiones, eliminar la devolución del IGV, dar participación accionaria a las comunidades y delegar el control normativo ambiental a los gobiernos regionales.
Quienes plantean estos desatinos no quieren entender la realidad del bienestar producido por la minería y el gran potencial que nos ofrece. Ver en Lampadia: Para superar la pobreza – Lo que necesitamos es más Minería.
Así como tenemos que cuidar la Constitución de 1990, tenemos que cuidar nuestras Leyes Madre, que son el marco normativo que trae a la inversión privada a cumplir su rol social, invertir, dar empleo de calidad y generar recursos fiscales.
Hoy más bien hay que recuperar la salud de nuestras Leyes Madre, podando la maraña regulatoria que las ha asfixiado, restableciendo la libertad económica y modernizando la normatividad laboral para volver a crecer.
El Estado debe promover la inversión privada y cautelar que opere, respetando las normas correspondientes. Sin inversión privada no hay crecimiento posible, y sin crecimiento no habrá mejoras sociales. Lampadia
