Por: Gabriel Amaro
Gestión, 8 de enero del 2024
En el 2023 se perdió más de 120,000 empleos formales en el agro. Si bien es cierto que el Perú es muy complejo, hay cinco acciones necesarias para salir de la crisis.
Ni los efectos negativos de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria durante el Gobierno de Francisco Sagasti y Mirtha Vásquez como presidenta el Congreso, los 7 años de crisis política, social y económica, el nefasto Gobierno de Castillo y su política destructiva agraria, el ciclón Yaaku, el fenómeno de El Niño (FEN), ni los bloqueos de carreteras acontecidos a inicios de año, hicieron que las autoridades tomaran acciones urgentes, oportunas y efectivas para enfrentar la continua crisis del sector agrario. Si no fuera por la ampliación del programa Impulso MYPErú por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyo reglamento se publicó el último 15 de diciembre; y dos proyectos de ley aprobados por el Congreso, entre ellos la importante modificación de la Ley Forestal, no habría nada que contar sobre el plan de reactivación económica para el sostenimiento del empleo y la inversión en el sector agrario formal. A esto le debemos sumar la decisión política de enfrentar los bloqueos de carreteras por parte del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú y los esfuerzos por acelerar el presupuesto del FEN y de ayuda a la agricultura familiar.
Estas medidas sin dudas son importantes; sin embargo, resultan insuficientes para la situación de crisis que vive el sector agrario que sigue requiriendo un plan de reactivación urgente para la sostenibilidad del empleo formal y las inversiones agrarias. Y es que, en diciembre, el Banco Central de Reserva (BCR) dio a conocer las últimas estimaciones en materia económica: cerramos el 2023 en rojo, con una contracción de 0.5% en el PBI; y una variación de la inversión privada también en negativo (-7.3%). Una triste situación para el Perú, que podría crecer a tasas superiores al 5% con el tremendo potencial y riquezas inimaginables, y –sobre todo– con el valor de su gente emprendedora, resiliente, trabajadora y muy capaz.
La pérdida del empleo; encarecimiento de los servicios públicos y privados; alza del precio de los alimentos, el incremento de la delincuencia y la criminalidad; la falta de servicios básicos; y un aparato público que no cumple sus funciones eficientemente, y que mantiene a la informalidad como política pública central, con una tasa cercana ya al 80% son algunos de los efectos negativos que la población siente en el día a día.
Estos resultados lo sentimos más aún en el agro, sector que cerró el 2023 con cifras catastróficas: más de 120,000 empleos formales perdidos, pérdida de 400,000 personas de la PEA Ocupada Agraria, caída de las agroexportaciones en 3% y descenso del PBI primario agropecuario de -3% (la mayor caída en 30 años), pérdida de competitividad de las empresas afectando sus utilidades y sobrevivencia, etc. Si esto no mueve a las autoridades a implementar acciones urgentes con un plan de reactivación en favor del sector agrario formal y del país, ya nada podrá hacerlo. Por el contrario, veremos cómo el país se seguirá derrumbando año a año, con una pobreza, desempleo e informalidad en aumento. Los males de una nación en recesión, en proceso acelerado de pérdida de valor, y en donde los radicales y las ideologías destructivas (con ideas como las segundas reformas agrarias, cambios de Constitución, etc.) tendrán terreno fértil para provocar mayor caos.
Si bien es cierto que la situación del Perú es muy compleja, no es difícil salir de ese hoyo. Algunas acciones necesarias para salir de la crisis: 1) ejercer liderazgo para tomar las decisiones políticas necesarias; 2) recuperar el sentido de urgencia; 3) alinear a las instituciones del Ejecutivo para simplificar la regulación, eliminando los riesgos, sobrecostos y disminuyendo tiempos innecesarios que afectan al ciudadano y a la inversión (miremos a una Argentina que ya empezó); 4) trabajo coordinado entre el Gobierno y el Congreso para solicitar facultades en materia económica y de reactivación, y para ejecutar reformas y leyes estructurales que permitan eliminar toda medida que nos resta competitividad y aleja a la inversión; y 5) fortalecer los espacios público-privados para trabajar con el mejor aliado para salir de la crisis económica: el sector privado.
El Perú debe entrar a una fase urgente de reformas para que el Estado funcione de manera simple, con normas claras y fáciles de cumplir, dando los servicios de calidad a los ciudadanos y las empresas. Se ha demostrado que lo que saca adelante al país es la inversión privada y un Estado eficiente, es por ello que el Estado debe establecer políticas agresivas para crear las condiciones de competitividad para atraer inversión privada y que esta se mantenga sostenible. Tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas.
Hoy se tiene que poner a un lado las rencillas políticas, las ideologías, los ataques y el abandono a los sectores formales, entre ellos el sector agrario (que incluye la agricultura, agroexportación y agroindustria), actividad emblemática y clave para la recuperación económica. Tenemos que pensar y actuar con sentido de urgencia por el presente y el futuro del Perú si queremos salir de la crisis, antes de que sea demasiado tarde. La presidenta de la república tiene la llave para cambiar esta situación y para trabajar por un país en crecimiento y con mayor bienestar, por el bien de todos los peruanos.
