Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 13 de diciembre del 2023
“Nuestro sistema de justicia está en crisis y con una exposición mediática incompatible con sus funciones, mientras que la pelea entre la Fiscalía y la JNJ ha polarizado aún más a facciones políticas, que desvelan su inaceptable intromisión”.
La semana pasada, un ataque criminal en la provincia liberteña de Pataz dejó sin vida a nueve trabajadores de la Compañía Minera Poderosa, y gravemente heridos a otros 15, en un intento por tomar por la fuerza la unidad minera. Bajo el amparo de la REINFO (una regulación cuyo propósito fallido fue facilitar la formalización minera), la minería ilegal ha alcanzado niveles de violencia nunca antes vistos. Para detener el avance de esta ilegal actividad, el Estado y la empresa deben trabajar juntos para controlar la cadena logística y exigir trazabilidad en cada etapa del proceso.
Mientras tanto, en los pueblos y ciudades, los pequeños comercios sufren a diario los embates del crimen organizado, presas de violentos extorsionadores, quienes amenazan con asesinarlos si no cumplen con pagar el “cupo” respectivo. El Estado pierde soberanía en los distritos donde las reglas las impone el crimen organizado.
En Ica, viejos agitadores subversivos del altiplano peruano y boliviano convocan a sus huestes en un nuevo intento de tomar la carretera Panamericana en Barrio Chino, con el fin de afectar la economía de cientos de miles de trabajadores que participan de la cosecha de uva en Ica. Todo esto bajo una pantalla de protesta política antisistema, financiada por el crimen organizado.
Se debe resaltar la valerosa labor de la Policía Nacional, quien enfrenta la escalada de violencia sin respaldo de algún servicio de inteligencia, con escasos recursos y gran inseguridad jurídica frente a sus acciones represivas en defensa de la población. Mientras tanto, en las esferas políticas y en la CIDH se debate sobre los derechos humanos de criminales y pocas veces sobre los de nuestras fuerzas del orden o los de las víctimas del crimen.
En estas circunstancias es de resaltar la liberación del presidente Alberto Fujimori, tras 16 años de prisión, en ejecución del indulto presidencial otorgado por Pedro Pablo Kuczynski hace seis años y resuelto hace pocos días por el Tribunal Constitucional y bajo protesta de la ideologizada CIDH.
Nuestro sistema de justicia está en crisis y con una exposición mediática incompatible con sus funciones, mientras que la pelea entre la Fiscalía y la JNJ ha polarizado aún más a facciones políticas, que desvelan su inaceptable intromisión. La politización de la justicia resquebraja la seguridad jurídica y debilita la institucionalidad requerida para una eficaz lucha contra el crimen organizado y poner a las personas en el centro de la agenda nacional.
