Por: Luis Carranza
Perú21, 29 de octubre del 2023
“Existe un mecanismo de reparto del canon que implica que el distrito productor recibe el 10% y luego hay porcentajes para los distritos, las provincias, la región y las instituciones educativas. Esto es condición necesaria pero no suficiente para calmar los conflictos”.
Imagínese, estimado lector, que a una persona, vamos a llamarle Juan, le han entregado S/1,000. Juan debe decidir cómo repartir ese dinero entre él y otra persona, llamémosle Pedro. Cuando Pedro ve la repartición que hace Juan, debe decir si acepta o no. Si acepta, cada uno recibe lo que Juan decidió repartir. Si rechaza, nadie recibe nada. Por eso, a este juego se le conoce en la teoría económica como el juego del ultimátum, porque Pedro tiene la última palabra, a pesar de que es Juan quien decide cómo se repartirían los S/1,000.
¿Cuál cree que sería la solución “racional”? Según la teoría económica, Juan debe ofrecer a Pedro una cantidad positiva, pero lo mínimo posible, digamos S/1. La racionalidad es que Pedro se queda con un sol si acepta, pero tendría cero si rechaza. Por lo tanto, Pedro “racionalmente” se vería obligado a aceptar.
Ahora bien, si usted está en el lugar de Pedro, ¿aceptaría S/1 y que Juan se lleve S/999? Lo más probable es que usted rechace esta propuesta, como la inmensa mayoría de las personas. Pero, ¿acaso la inmensa mayoría de las personas no somos “racionales”? Depende de cómo definimos “racionalidad”. Desde la teoría de las preferencias, solo nos interesa nuestro consumo individual. Sin embargo, siendo el ser humano un ser social por naturaleza, cualquier cosa la analiza dentro del contexto social donde se encuentra. Cuando este juego se efectuó con personas reales, provenientes de distintas sociedades, tanto sociedades modernas como tradicionales, no se aceptaron ofertas que estuvieran por debajo del 30% (salvo los machiguengas en Perú, que aceptaban ofertas hasta el 27%). En algunas sociedades tradicionales como los Aché en Paraguay o los cazadores de ballenas Lamalera en Indonesia, los porcentajes estaban en torno al 50%. En otro estudio, se midió la actividad neural de las personas que recibían ofertas. Cuando estas ofertas eran muy bajas, se activaban las neuronas de la corteza insular, el área del cerebro que se activa cuando tenemos cólera.
¿Por qué nos molestamos cuando sentimos que algo no es justo o cuando la desigualdad se incrementa? ¿Por qué estamos dispuestos a perder un pequeño beneficio si sentimos que los otros pierden mucho más que nosotros? Estas y otras preguntas se vienen a nuestra mente y son la clave para entender la conflictividad que tenemos en el país, especialmente en las zonas de explotación de recursos naturales.
Encontrar el mecanismo de cómo lograr la mejora sustancial en las condiciones de vida de la población en las zonas de explotación es la clave para resolver nuestro juego del ultimátum. La primera condición, que es la redistribución de los impuestos a la zona productora, ya se logró. Existe un mecanismo de reparto del canon que implica que el distrito productor recibe el 10% y luego hay porcentajes para los distritos, las provincias, la región y las instituciones educativas. Esto es condición necesaria pero no suficiente para calmar los conflictos. Pero, aunque parezca increíble, existe el caso de Loreto, donde ni el distrito productor ni la provincia productora son consideradas para el reparto como en las otras regiones del país. Esa es una de las razones de la conflictividad que ha llevado a perder producción petrolera en Loreto. De cerca de 50 mil barriles diarios pasamos el año pasado a solo 15 mil barriles diarios. En un caso extremo, con las reservas probadas, probables y posibles podríamos llegar a 600 mil barriles al día. Compartiendo la misma cuenca con Ecuador y Colombia, y viendo la producción de esos países, no es descabellado pensar en un aumento significativo de la producción. Esta gran injusticia está en proceso de corregirse, logrando que Puinahua, el distrito productor, reciba el 10% del canon y la provincia de Requena el 20% del canon, exactamente igual que todos los otros casos del país.
Pero decíamos que esto es condición necesaria pero no suficiente. Hay que asegurar la mejora en la calidad de vida de la población, y allí el Estado y la empresa juegan un rol fundamental. Se debe asegurar la capacidad de ejecución de la inversión pública, pero, mientras se logra esto, se deben usar mecanismos novedosos, como obras por impuestos, donde la empresa privada participa en la ejecución de la inversión o incluso en la provisión del servicio.
Si no abordamos este problema de manera seria y buscamos acuerdos políticos para implementarlos, vamos a seguir perdiendo a diario en el juego del ultimátum en el Perú.
