Por: Fernando Rospigliosi
Expreso, 25 de setiembre del 2023
La síntesis del argumento caviar para defender a sus congéneres de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es el que se resume en el título de este artículo. La Constitución señala clara y expresamente que para integrar la JNJ se requiere “Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años, y menor de setenta y cinco (75) años”. (Art. 156°).
Dice “ser” menor de 75 para ser miembro, no tener menos de 75 cuando se ingresa. Es algo obvio y que funciona así en las instituciones estatales sin que nadie haya discutido jamás una norma similar. En las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, servicio diplomático, Poder Judicial, Ministerio Público, etc., la carrera termina cuando se cumplen los años establecidos en la ley.
La interpretación de Inés Tello de Ñecco para atornillarse en el puesto –tiene ya 78 años- es completamente absurda y no resiste ningún análisis. Peor todavía, los otros seis miembros de la JNJ son cómplices flagrantes de Tello, pues han avalado su ilegal interpretación de la Constitución y permiten que siga ocupando el cargo.
Demás está decir que la JNJ no tiene atribución para interpretar la Constitución – esa es potestad de Tribunal Constitucional- y menos para violarla con toda desfachatez.
Por supuesto, todos los caviares que defienden encarnizadamente a los miembros de la JNJ saben perfectamente que esa arbitraria e ilegal explicación es completamente falsa. Pero con todo cinismo la apoyan mostrando, nuevamente, que son absolutamente inmorales.
Cuando conviene a sus protervos intereses políticos –en este caso el control del sistema judicial-, no dudan en respaldar atropellos y trampas, y en mentir con toda desvergüenza.
En suma, los caviares sostienen que violar descaradamente el artículo 156° de la Constitución no es una falta grave que amerite la destitución de Tello y los que avalan esa ilegalidad, que precisamente son los miembros de un organismo que debería velar por el más estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Otrosí digo. El Congreso aprobó delegar facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad ciudadana, prevención del fenómeno del Niño y otros temas. En realidad, en la mayoría de casos de seguridad, no se justificaba esa delegación. Se trata solamente de un intento del Gobierno de hacer creer que su inoperancia en la lucha contra la delincuencia se explica por las leyes y no por la evidente ineptitud de los responsables.
No obstante, el Congreso acertó al no delegar la facultad de cambiar la ley de armas de uso civil (N° 30299), una buena norma desnaturalizada en su aplicación por malos funcionarios del Ministerio del Interior y Sucamec. Los caviares en el Gobierno, querían aprovechar para desarmar a los civiles y dejarlos inermes ante la creciente ola delincuencial, cada vez más violenta. Ahora corresponde al Congreso fiscalizar al Mininter y Sucamec, y exigir explicaciones y sanciones por permitir que los delincuentes se aprovechen de sus malas decisiones.
