Por: Diana Seminario
El Comercio, 22 de setiembre del 2023
“Necesitamos de liderazgo y experiencia. Si pudimos derrotar al terrorismo en los años 90, es momento de declararles la guerra al sicariato y a las bandas organizadas”.
“Salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar” fue la respuesta de un ciudadano en San Juan de Lurigancho a una periodista que le preguntaba por la inseguridad ciudadana.
Esa sola afirmación de un ciudadano trabajador que se levanta temprano y hace su cola en el paradero para abordar el transporte público pareciera resumir la crisis que vivimos.
La sensación de inseguridad, de no saber si vamos a volver al hogar después de una jornada de trabajo, es terrible y solo puede compararse con la de los años en los que fuimos azotados por el terrorismo.
En 1992, cuando la violencia terrorista llegó a la capital tras perpetrar sus crímenes en el interior del país, solo en Lima Metropolitana –entre enero y julio– explotaron 37 carros-bomba.
Según información publicada el miércoles en este Diario, en los primeros ocho meses del año se registraron 215 víctimas de sicariato. La nota refiere que, en el mismo lapso, se reportaron 12.730 casos de extorsión, lo que significa que este delito se ha incrementado en un 50% en comparación con el mismo período del año pasado. El 71% de los casos se concentra en Lima, Piura y La Libertad. A esto hay que sumarle que solo en Lima se dan dos casos de extorsión cada hora.
Estas aterradoras cifras son las que han llevado a que se declare el estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en Lima, así como en la provincia de Sullana, en el departamento de Piura.
Una granada en una discoteca, el asesinato de una familia completa, las imágenes de un hombre asesinado a balazos mientras jugaba un partido de fulbito, el ‘Maldito Cris’ matando a plena luz del día a un sereno en Surco, son solo algunos de los miles de casos que no pueden dejarnos indiferentes.
Anteayer, el Congreso aprobó conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo para que legisle en temas de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.
Es innegable que el tema de seguridad debe ser una prioridad, pero para ello es urgente y necesario trabajar de modo articulado. Esta emergencia nacional no puede servir de excusa para protagonismos personales o intereses políticos subalternos.
Actualmente, en el Congreso se han presentado dos iniciativas: una de terrorismo urbano y otra de terrorismo apolítico, a las que se suma el proyecto de la Municipalidad de Lima que también apunta a tipificar como terrorismo urbano los delitos de robo, secuestro, extorsión y sicariato en sus formas agravadas.
Todos los esfuerzos por luchar contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana deben estar debidamente articulados, lo que conlleva una participación activa que va desde el Ministerio del Interior, con la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Nacional, hasta las Fuerzas Armadas, pasando por el Ministerio Público.
Organizaciones como el Tren de Aragua, integradas, en su mayoría, por sujetos extranjeros, deben ser desarticuladas con un trabajo profesional y de inteligencia.
Necesitamos de liderazgo y experiencia. Si pudimos derrotar al terrorismo en los años 90, es momento de declararles la guerra al sicariato y a las bandas organizadas.
