Por: Patricia Teullet
Perú21, 28 de agosto del 2023
“Crecer a menos del 1% cuando tenemos recursos y proyectos para no solo aumentar la tasa de crecimiento a corto plazo, sino que esta se convierta en un crecimiento de largo plazo, es inaceptable”.
Las expectativas más optimistas colocan el crecimiento de este año en 0.8%; otros han rebajado proyecciones a 0.5%. Eso significa que cientos de miles de personas caerán en la pobreza, que falta inversión y generación de empleo. Y a otros les preocupa aún más 2024.
¿Hay algo que podría hacerse para cambiar estas proyecciones? Sí, ya está estudiado y publicado, pero, como suele ocurrir con los estudios, como no hay continuidad, quienes asumen los cargos hacen caso omiso a lo avanzado y replantean todo nuevamente.
Eso es lo que ha pasado con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, presentado en 2019 y elaborado con apoyo del BID y el gobierno británico. En ese documento se identifican 52 proyectos (entonces por S/100 mil millones de un total de S/363 mil millones a ejecutarse en una década) que reconocen la contribución de la infraestructura para la productividad y competitividad del Perú con una perspectiva sectorial y territorial.
El plan es (o era) un esfuerzo para alinear los proyectos regionales con una visión de desarrollo nacional de largo plazo, que diera predictibilidad a los inversionistas, promoviendo eficiencia en el uso de recursos. Su objetivo era dar una hoja de ruta para fomentar el desarrollo de una red de infraestructura de calidad que permitiera el acceso a los mercados interno y externo y que cubriera las necesidades de la población. Era también un paso para superar el retraso al cual nos ha llevado la descentralización caótica que sufrimos.
Los sectores identificados como aquellos que tienen un mayor impacto en la competitividad e impacto social son los de transportes, comunicaciones, agricultura, energía y saneamiento, salud y educación. Para la priorización de los proyectos de infraestructura se tomó también en cuenta el impacto social (reciben un mayor puntaje aquellos que beneficien a una mayor cantidad de población o que estén en ámbitos donde la pobreza es mayor), así como la facilidad de financiamiento (mayor prioridad a los proyectos que tengan financiamiento privado).
Como resultado de las consideraciones de mayor impacto social, articulación con los sectores, menor requerimiento de recursos públicos y mayor avance en la ejecución, de los 52 proyectos 31 estaban en transportes y comunicaciones, cuatro en agricultura, seis en saneamiento y 11 en energía.
Entre los proyectos de agricultura están Chavimochic y Majes Siguas. Son dos proyectos que incorporarían casi 100 mil hectáreas a la agricultura moderna y que permitirían generar empleo formal en un sector que ya demostró su capacidad para hacerlo.
Entonces, crecer a menos del 1% cuando tenemos recursos y proyectos para no solo aumentar la tasa de crecimiento a corto plazo, sino que esta se convierta en un crecimiento de largo plazo, es inaceptable. Sabemos por dónde; faltan ganas o capacidad.
