Por: Patricia Teullet
Perú21, 7 de agosto del 2023
“Deberíamos tener, por ejemplo, un mejor sistema de salud, educación y seguridad”.
La elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso ha generado diversas reacciones, entre ellas la separación de un grupo perteneciente a Perú Libre para formar una nueva bancada llamada Nueva Constitución Socialista, que asume el ‘emparejamiento’ de Perú Libre con otras bancadas como traición a las ideas que los llevaron al poder; es decir, básicamente, la aprobación de una nueva Constitución para el país.
Escucho los argumentos y son repeticiones de lo mismo, ignorando lo que los resultados han mostrado a lo largo de la vigencia de la Constitución del 93: que la pobreza se redujo del 60% al 20% gracias al crecimiento económico (en un 85%, según informe del Banco Mundial). Además, este crecimiento se dio por el impulso de la inversión privada nacional y extranjera, y esta, a su vez, por la confianza que generaban reglas de juego claras y respetadas. Entre las mismas están el rol subsidiario del Estado (participar solo donde el privado no pueda hacerlo), el respeto a los contratos y la propiedad privada y también el papel del Banco Central de Reserva, cuyo papel es preservar la estabilidad de precios.
Una nueva Constitución como la que promueven quienes están detrás de esta idea implica, según ellos mismos ‘ofrecen’, aumentar la participación del Estado en la actividad empresarial; ello significa no solo competencia desleal hacia el privado, sino hacerse cargo de las ineficiencias ya conocidas de las empresas públicas. Y lo que va a ocurrir a raíz de esto ya lo sabemos y nos lo recuerda Petroperú: malos resultados por la mala gestión y corrupción que no son asumidos por los accionistas de una empresa, sino que le cuestan a toda la población.
Con relación a la Constitución del 93, y a pesar de los buenos resultados en cuanto a crecimiento y reducción de la pobreza, queda siempre la pregunta de si podríamos haberlo hecho mejor. Por supuesto que sí. Deberíamos tener, por ejemplo, un mejor sistema de salud, educación y seguridad; también una mayor cobertura del servicio de agua y saneamiento. ¡Justo aquellas actividades o sectores donde el Estado quedó a cargo!
Lo peor del caso es que ni siquiera se necesita una nueva Constitución para tener los efectos no deseados sobre la inversión; su solo anuncio y un gobierno como el de Castillo bastan para inhibirla y limitar el crecimiento, tal como está ocurriendo. Y reducciones en la inversión y el crecimiento significan que ha habido menos empleo y menores ingresos; por ende, perdemos la batalla contra la pobreza.
