Por: Alfonso Bustamante Canny
Gestión, 14 de julio del 2023
Corresponde que López Aliaga acate la medida cautelar, y que el MEF y la MML se sienten con la concesionaria para negociar.
Durante la campaña municipal, Rafael López Aliaga prometió anular los contratos de las concesiones en la que empresas corruptas-que todos los peruanos repudiamos- tuvieran participación. Así, pocos días después de que asumiera el cargo de alcalde de Lima, el Conceju Metropolitano de Lima (MML) acordó caducar el contrato con la empresa Rutas de Lima (RDL) (57% Brookfield, 25% Odebrecht, 18% Sigma) por «afectación del interés público».
Para la MML, las principales causas eran las altas tarifas de peajes, la deficiencia del servicio y la afectación al desarrollo de importantes sectores. Además, según el comunicado que publicó este contrato, «se vio manchado por los delitos de corrupción de Odebrecht».
Ahora, si bien los contratos de concesión tienen cláusulas que permiten la caducidad por interés nacional, existen reglas y procedimientos que se deben considerar para no afectar la estabilidad jurídica del país, que es de vital importancia para atraer la inversión privada.
Lo cierto es que la comuna ha cometido errores que traerán consecuencias negativas para la MML y el país. Primero, la caducidad del contrato no ha sido debidamente motivada. No hay informes legales ni análisis económicos que señalen cuál es la afectación al «interés nacional». Es más, la decisión del Concejo Municipal se exceptúa de presentar estudios legales, económicos y técnicos. Segundo, la MML invocó la caducidad por interés nacional sobre temas que ya tienen laudos arbitrales en los que se desestimaron las alegaciones de corrupción y donde se ordena a la MML a compensar a RDL por no instalar el peaje Chillón y por la demora en incrementar tarifas.
Ante esta inusual situación, la concesionaria solicitó una medida cautelar en un tercer arbitraje bajo reglas de las Naciones Unidas. Hace casi un mes, se emitió, de manera unánime, una medida cautelar a favor de RDL que ordena que se suspenda el procedimiento de caducidad del contrato.
Pese a ello, López Aliaga señaló que el Tribunal no es competente para opinar sobre estos temas, cuestionó la idoneidad de los árbitros y declaró que no acatará la medida cautelar.
Es cierto que Odebrecht tiene un 25% de participación en esta concesión y que los peruanos de bien deseamos que esa empresa se retire del país. Sin embargo, como gremio empresarial, defendem ne ante todo, la institucionalidad del país, el respeto por las leyes y lo contratos, ya que son la columna vertebral para garantizar el desarrollo económico.
Sorprende, por otro lado, que el Ejecutivo y, en especial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ente llamado a defender la inversi privada (en un momento donde no se registran inversiones privadam no se hayan pronunciado. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando sistema financiero internacional?
Lo que corresponde es que López Aliaga acate la medida cautelar, y que el MEF y la MML se sienten con la concesionaria para negociar que Odebrecht se retire y se puedan reactivar las obras de la tan necesaria Carretera Central.
