Jaime de Althaus
Para Lampadia
Rafael López Aliaga está cometiendo un atentado contra el estado de derecho, contra los tratados internacionales de protección de inversiones, y, por lo tanto, contra el crecimiento económico del país.
Desconocer un contrato amparado por convenios internacionales y, más aún, desacatar una medida cautelar dictada por el tribunal arbitral internacional, es un acto de barbarie jurídica que se agrega a la imagen del Perú -generada luego de la elección de Castillo y de las movilizaciones insurreccionales de comienzos de año-, como un país riesgoso e impredecible, en el que no se puede confiar.
El argumento del alcalde es que el contrato es nulo porque fue producto de la corrupción. Pero dos arbitrajes ya absolvieron esa demanda. Durante la gestión de Jorge Muñoz, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) solicitó al tribunal arbitral declarar el contrato nulo por corrupción en dos ocasiones y, según Rutas de Lima (RDL), “en dichos arbitrajes, tribunales internacionales con sede en Washington, D.C., emitieron dos laudos con valor de cosa juzgada, confirmando la plena validez del Contrato de Concesión y desecharon los argumentos de corrupción planteados por la MML”. De lo que se desprendería que los árbitros concluyeron que los aportes de Odebrecht a la campaña contra la revocación no influyeron en los términos del contrato (por ejemplo, en el monto del peaje), pues se solicitaron después de firmado el contrato.
Según nota de Expreso del 27 de abril del 2019, Barata declaró a los fiscales: “el contrato por Rutas de Lima (RDL) se firmó en enero del 2013, en febrero nos piden el aporte a la revocatoria, nos preocupaba la continuidad del proyecto”. La plata, entonces no fue para modificar los términos del contrato, pues el pedido fue posterior, sino para asegurar el proyecto. Según informa RDL, los términos del contrato se aprobaron cuando se otorgó la Iniciativa Privada, antes de que Susana Villarán iniciara su mandato. La firma del contrato, realizada meses después (enero 2013), era un acto protocolar. Los términos firmados fueron los mismos que los del documento que otorgó la iniciativa.
López Aliaga ha explicado, además, que el contrato tiene una falla de origen, puesto que establece que el peaje no puede tener rutas alternas. Y los pobladores deben pagar 6.50 al salir de sus casas. Según la concesionaria, esto no es cierto: el contrato no prohíbe las vías alternas. La prueba es que en la Panamericana Sur hay vía alterna. Pero la responsabilidad de construir y mantener una vía alterna es de la MML, no del concesionario. Según versiones, en la Panamericana Norte sí hay vía alterna, pero en muy mal estado. Y sería responsabilidad de la MML.
Otra afirmación del alcalde es que la concesionaria ha acudido a un tribunal no competente, y que la MML no le ha reconocido competencia. Rutas de Lima contradice esta versión: la MML ha buscado la nulidad del contrato “en el marco de dos procesos de arbitraje internacional de conformidad con el Contrato y el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)”. López Aliaga ha añadido que ese tribunal “se formó en diciembre, antes de que yo entrara”. El concesionario responde: “conforme al reglamento, a principios de este año y durante la presente administración municipal, cada parte nombró un co-árbitro y los dos co-árbitros nombraron al presidente del tribunal”.
La corrupción debe castigarse procesando y sentenciando a los responsables, no matando los proyectos. Más aún si el proyecto cambió de manos y el restante 25% de Odebrecht no puede ser removido porque la propia Municipalidad no aprueba aun una propuesta de adenda presentada por el concesionario.
Durante la alcaldía de Jorge Muñoz, la municipalidad negoció con Rutas de Lima buscando, entre otras cosas, reducir los peajes. Esto no se logró, pero, según Muñoz, “se avanzó muchísimo y llegamos a buen puerto para establecer una cláusula anticorrupción y para que se comprometiesen a diseñar vías alternas en la zona de Chillón.
Lamentablemente ni el MEF ni el presidente Sagasti quisieron aprobar el tema porque Odebrecht que tenía un 25% y no quería aparecer en los periódicos como que hubiese negociado con Odebrecht, cuando la negociación en realidad era con Brookfield. Por eso los arbitrajes. Cuando las negociaciones fracasaron el concesionario demandó”.
Nos preguntamos si algo así no está ocurriendo ahora: ni el MEF ni el gobierno se pronuncian ante un desacato que pone en cuestión todo el esquema de protección de inversión y que le puede costar mucho al Perú, no solo por los miles de millones que habrá que pagarle a Brookfield -¡y a la propia Odebrecht!-, sino por el abandono del Perú como destino de inversiones foráneas. Lampadia
