Jaime de Althaus
Para Lampadia
La reciente decisión de una corte del Poder Judicial de anular la delirante acusación del fiscal José Domingo Pérez contra Pedro Pablo Kuczynski, para quien pedía nada menos que 35 años de prisión como si se tratara de un asesino en serie o del jefe de una banda terrorista y genocida, acusándolo que haber formado una organización criminal con su secretaria y su chofer, confirma una vez más el carácter estrafalario, desenfrenado y politizado de las actuaciones de ese funcionario del Ministerio Público. Como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, los US$12.2 millones que el fiscal afirma que PPK ‘lavó’ resultan de la suma de los ingresos declarados por él en una década provenientes del sector privado incluyendo honorarios y directorios. Como fuere, el fiscal había desdeñado considerar los peritajes y los informes financieros aportados por la defensa, en lo que configura un modus operandi típico de este señor.
Como el caso de Ricardo Briceño, donde no solo no consideró los descargos y explicaciones, ni miró los hechos, sino que fue más allá fabulando un fraude de Briceño contra la propia CONFIEP -pese a que ésta lo desmintió-, para darle más de dos millones de soles a Keiko Fujimori pese a que nunca se habían dado porque se usaron en una campaña de defensa de la economía de mercado. La Corte Superior ordenó anular la decisión del juez Zúñiga de pasar a juicio a Briceño, pero resulta que procurador del Poder Judicial, sumándose a la locura, ha apelado, perpetuando la pesadilla.
A Pérez no le interesan los hechos ni la verdad ni la justicia. Lo que le interesa incriminar a sus fantasmas políticos, a sus enemigos ideológicos, o construirse la imagen de gran luchador contra la corrupción a costa de la verdad y de las personas.
El problema es que con eso comete abusos irreparables. El debería ser denunciado por la destrucción del honor y la estabilidad sicológica de muchos ciudadanos. Allí están el ex ministro de economía, Miguel Castilla o el exfuncionario Alberto Pasco-Font, absurdamente involucrados y acusados. Dos personas intachables.
Para no hablar de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori, sometidos a injusta y abusiva prisión preventiva por donaciones de campaña que no eran delito pero que fueron criminalizadas con el argumento forzado e insostenible de que se trababa de lavado de activos, cuando ni el origen de los fondos era delictivo, ni los receptores tenían por qué sospechar que pudieran serlo. Hasta Lourdes Flores ha sido imputada.
Aquí no solo se ha destruido a las personas. José Domingo Pérez y el equipo Lava Jato han dinamitado la clase política y por ende la democracia en el Perú, llevando a la cárcel a líderes de partidos importantes como si fueran criminales de altísimo vuelo, y tipificando a los partidos como organizaciones criminales. Hasta alguien como Luis Pasara ha condenado severamente los excesos inconmensurables de estos fiscales.
En una democracia sin partidos, los pocos esfuerzos de construcción partidaria en marcha, como el Partido Nacionalista y Fuerza Popular en este caso, fueron exterminados o debilitados en extremo, dejando al país sin un centro izquierda popular y sin una derecha popular que pudieran representar a parte importante de una sociedad que ahora rechaza la política y a los políticos.
Todo esto se hizo con el concierto del gobierno de Vizcarra, que arremetió contra un congreso visto como el reducto precisamente de Fuerza Popular, congreso al que había que cerrar de la misma manera como que había que enviar a prisión a la líder del fujimorismo. Y ello con el apoyo de la prensa que se compró el cuento de la lucha anticorrupción y disfrutó de las primicias deslizadas desde esa fuente de propaganda destructiva que fue y sigue siendo el equipo LavaJato.
Las guerras santas son dañinas. Crean demonios y adjudican culpas. No caigamos en una tampoco desde el otro lado. Las imputaciones a Zoraida Avalos, por ejemplo, deben merituarse en su exacta dimensión. Hay que romper la retaliación. Lampadia
