Por: Maite Vizcarra
El Comercio, 10 de Noviembre del 2022
“Es innegable que, pese a las crisis políticas del último lustro, en el país el discurso a favor de una administración pública moderna vía lo digital caló y se quedó”.
Hay asuntos e instituciones que permanecen alejadas del viandante, a menos que la geografía noticiosa las encumbra como ‘trending’. Eso es lo que ha pasado en las últimas semanas con la OEA, dado el impacto que está empezando a tener este organismo multilateral en nuestra siempre palpitante realidad político-nacional.
Y probablemente si le menciono las siglas de la Organización de Estados Americanos, OEA, lo primero que se fijará en su mente serán conflictos, dimes y diretes, y hasta intentos de protectorado de un gobierno nacional que ya ha demostrado con creces que no da la talla en temas de gestión pública. Porque a la OEA la identificamos últimamente con la ardorosa y elástica defensa de uno de sus mandatos; esto es, “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.
Pero, en concreto, ¿para qué sirve la OEA? Se podría decir que esta es un espacio de diálogo multilateral y de toma de decisiones que impulsa la generación de relaciones estrechas entre los países de la región. Ese es, al menos, su mandato original –expresado allá por el año 1948– y que más modernamente se concreta en un objetivo trascendente: fomentar un orden de paz, desarrollo y de justicia, a través de la solidaridad y colaboración entre sus miembros.
Un fin tan relevante como aquel se actualiza con los tiempos a efectos de no quedarse en buenos deseos pétreos. Por ello, no debe llamar la atención que le cuente que, desde mañana, la OEA estará en Lima antes de lo previsto. Y no precisamente para analizar los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Digamos que, gracias al mandato moderno de esta organización, Lima será la sede del mayor evento sobre gobierno digital en América Latina y el Caribe (VII Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas), en el que se mostrarán una gama de soluciones innovadoras para aumentar la cercanía de las administraciones públicas ante las necesidades de una ciudadanía empoderada por las redes sociales.
Siendo que la OEA es una entidad que propende a la amable coordinación y cuyas recomendaciones no son en sí mismas vinculantes –no son exigibles–, sí tiene una capacidad de convocatoria interesante que se canaliza en intentos de armonización de modelos de desarrollo, incluyendo los de expansión de la digitalización.
Por ejemplo, en el 2016, la OEA, junto con varias empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la Cepal y algunas universidades, acordaron la creación de la “Alianza TIC 2030 Américas”, que debería ayudar a expandir la conectividad en la región y democratizar el acceso de más personas a los beneficios de la llamada economía digital.
Una vez más, un loable propósito cuyos resultados probablemente conoceremos mejor mañana en la VII Reunión Ministerial de Gobierno Digital. O, en su defecto, al menos sabremos cómo entienden los países miembros de la OEA la relación entre contar con gobiernos cercanos a los ciudadanos vía lo digital y facilitarle un amplio acceso a la nueva economía de las TIC.
Si bien respecto de la próxima visita de delegados de la OEA hacia la cuarta semana de noviembre hay opiniones descreídas y hasta escépticas, respecto de la incursión que mañana iniciará este organismo en Lima hay esperanza y un ánimo positivo de mostrar lo avanzado.
Y ahí, evidentemente, también aparece el Perú, pues es innegable que, pese a las crisis políticas del último lustro, en el país el discurso a favor de una administración pública moderna vía lo digital caló y se quedó.
Ahora falta involucrar más al sector productivo, a las mypes y pymes para que también se beneficien de estos cambios. Ya es muy difícil que la OEA y su “Alianza TIC 2030″ haya logrado una de sus más ambiciosas metas: “Poner en línea a 1.500 millones de personas más para el año 2020″.
