Por: Patricia Teullet
Perú21, 26 de Setiembre del 2022
“Lo que queda por ver es cuánto más pueden soportar las familias de menos ingresos los incrementos de los precios actuales, especialmente de alimentos”.
La cantidad de información que se produce a partir de un gobierno como el actual hace muchas veces que “no podamos ver el bosque por la presencia de tantos árboles”. Resultan por eso especialmente valiosos los espacios como la Convención Anual del SAE de Apoyo, que nos permiten hacer un alto y ordenar, de manera conjunta, una cantidad de datos y diversas opiniones respecto a lo que está ocurriendo en el entorno económico y político, y nos hace, en algunos casos, confirmar o replantear lo que estamos percibiendo día a día.
En lo económico, el consenso fue que las bases de la macroeconomía siguen siendo sólidas (nivel de reservas, déficit fiscal y nivel de endeudamiento). El término más utilizado fue el de resiliencia y eso se ha conseguido gracias a la existencia de instituciones como el BCRP y otras que están ligadas al ámbito económico, que todavía resisten los embates de una pésima gestión desde el Ejecutivo y el Congreso, que hacen que sí existan riesgos en el ámbito regulatorio.
Se sabe que la inflación es un problema a nivel mundial, pero las expectativas respecto a su eventual reducción son optimistas: ya se están viendo menores precios de nuestras importaciones de maíz, trigo y combustibles y mejora de la cadena logística. Lo que queda por ver es cuánto más pueden soportar las familias de menos ingresos los incrementos de los precios actuales, especialmente de alimentos.
Donde sí se vuelve turbio el panorama es en lo político. A pesar de los escándalos casi diarios, relacionados con algún acto de corrupción, se ve más bien remoto un final acelerado del gobierno de Castillo (tiene sus 44 votos). La relación entre Ejecutivo y Congreso la dio Augusto Álvarez: Tú haces como que gobiernas, yo hago como que me opongo; pero la incertidumbre y el deterioro de la capacidad de gestión están “pasando la cuenta” a la inversión pública y privada. Obviamente se espera que el cambio de autoridades regionales y locales frene aún más la inversión pública.
Junto con ello, lo que resulta imperdonable es la oportunidad que estamos perdiendo en el sector minero debido a los conflictos sociales. Con los precios de los minerales aún elevados, nuestras exportaciones deberían ser mucho mayores con los beneficios en recaudación de impuestos y el efecto multiplicador que tiene en otros sectores.
En resumen: hay un entorno internacional tibio en desaceleración o recesión, pero con minerales con precios aún atractivos; la economía nacional está perdiendo ‘el momento’ por la desconfianza en las autoridades y las amenazas de cambios en las regulaciones que afectan al sector privado. En cuanto a la inversión pública, simplemente incapacidad agravada por los cambios próximos. Y todo ello afectando más a las familias más pobres que, en el mediano plazo, seguirán en la pobreza por las oportunidades perdidas hoy.
