Por: Arturo Woodman P.
Expreso, 28 de junio del 2022
Cuando el mundo desaprueba el uso indebido de las armas que provocan innumerables e innecesarias muertes y destrucción por conflictos o guerras, como la provocada por Putin, presidente de Rusia, contra Ucrania, atacando lo que en el año 887 fuera su antigua capital, Kiev.
Contrariamente en el Perú, nuestro Congreso acaba de aprobar la Ley 31494 promoviendo el uso de armas. Esta Ley reconoce a los Comités de Autodefensa en la participación para el mantenimiento del orden interno y la Defensa Nacional, así como su participación en el proceso de pacificación nacional, la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia.
En principio, el espíritu de esta Ley, con algunos artículos similares, fue brevemente utilizado en la complicada época del terrorismo encabezado por el genocida Abimael Guzmán y que se inició con el Gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde en el año 1980, incrementándose en el de Alan García en 1985 y se logró ponerle fin entre los años 1994 – 1996 durante el Gobierno de Fujimori, pero lamentablemente con más de 100 mil peruanos fallecidos entre víctimas y terroristas, además millones de dólares de pérdida en infraestructura y sobre todo un largo tiempo, alrededor de 15 años de interrupción de nuestro necesario desarrollo en paz.
Sin embargo, hoy en día ya no existe el nefasto terrorismo, aunque es real que la inseguridad ciudadana, los robos, el narcotráfico proveniente del desmedido crecimiento del sembrío de la hoja de coca se han incrementado, pero estos problemas no se van a resolver armando a los Comités de Autodefensa para que participen en el orden interno y la lucha contra el terrorismo, inclusive defender la democracia que es la función más importante del Congreso y la ciudadanía en general.
El Congreso de la República en lugar de promover esta pésima y retrograda Ley, creyendo que con armas controlarán el narcotráfico y la Inseguridad Ciudadana generando duplicidad de funciones, desorden y gastos para implementar esta Ley, deberían aumentar las comisarías del país, empoderar, fortalecer y modernizar a la Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas (Ejército, Aviación y Marina), sistemas de inteligencia, aviación civil, mejorar la educación y nuestra débil infraestructura, entre otras contribuciones para el desarrollo del país y no crear leyes que promoverán el caos y los levantamientos armados Regionales.
El Ejecutivo está en la obligación de rechazar esta negativa Ley y por su parte el Congreso no insistir en la promulgación de esta, y dedicarse a defender la democracia, promoviendo buenas leyes, como la que está en camino al cambio constitucional, reponiendo la Bicameralidad con la Cámara de Senadores.
La Bicameralidad nos permitirá tener mejores y apropiadas Leyes, ya que el Senado al tener políticos con mayor preparación, formación, edad y experiencia en el manejo de las actividades del Estado y conocimiento de los problemas del país que ayudarán a recuperar la estabilidad, el crecimiento, integración con el mundo, desarrollo que implica más impuestos, buenas obras, exportaciones, más trabajo, menos pobreza y sobre todo justicia.
Finalmente, esperemos que el Ejecutivo observe esta inoperante Ley y el Congreso no insista en su promulgación, que se logre aprobar la Bicameralidad y además que la nueva Mesa Directiva del Congreso sea eficiente y cuente con congresistas capaces como Salhuana, Chiabra, Cueto o la Dra. Echaíz, entre otros.
