Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
Nuestros ciudadanos deben tener oportunidades de desarrollo personal y familiar mediante trabajos dignos y el acceso a servicios públicos de buena calidad.
Ya sabemos que en los países más desarrollados, el empleo se genera mayormente en el sector privado. En el caso del Perú, el 90% del empleo viene del sector privado. Por ello, a diferencia de las acciones de gobierno de Castilla-Cerrón, es muy importante que los gobiernos alienten la inversión privada y el aprovechamiento de las capacidades del país. Ver en Lampadia: Agenda política vs. Agenda productiva – Empobrecimiento o Prosperidad.
En cuanto a los servicios públicos, principalmente de educación, salud, tecnologías e infraestructuras, la pregunta crucial es:
¿Quién debe otorgarlos? – ¿El Estado o el Sector Privado?
Veamos:
La empresa pública
- No tiene dueño
- Los directores son nombrados por los políticos
- Los gerentes también responden al ambiente político
- Nadie supervisa los resultados de su gestión
(el Estado no controla al Estado) - Los medios de comunicación ponen frenos en sus análisis y críticas, dado el poder del Estado
- En general son poco transparentes sobre su performance
- Si pierden plata, se cubre desde el Estado
- Los directivos no son juzgados por los resultados
- Las intervenciones de la Contraloría son más vinculadas a formalismos, que a indicadores de efectividad
La empresa privada
- Tienen accionistas que exigen resultados
- Sus directorios están integrados, cada vez más, por directores independientes
- Sus gerentes responden con sus ingresos y su puesto por los resultados de la gestión
- Si pierden plata, se perjudica el accionista, no el Estado, y eventualmente salen del mercado sin profundizar déficits eternos
- Están sujetas a la supervisión tributaria, societaria, laboral, ambiental y de ene agencias regulatorias
- Por lo general operan en ambientes fuertemente competitivos
- Los medios de comunicación no se detienen ante cualquier investigación
- Las redes sociales son implacables ante cualquier falla
De estas diferencias se puede concluir fácilmente que el ciudadano está mejor servido con empresas privadas, que con las estatales o públicas.
Y así lo vemos con claridad si comparamos los servicios públicos de comunicaciones con los servicios sanitarios de agua y desagüe.
En el primer caso hay amplia cobertura de servicios, competencia, reducción constante de precios, compromisos de niveles de calidad, y una supervisión estrecha por parte del regulador del Estado.
En el segundo caso no hay suficiente cobertura de servicios, y cuando la hay, como en el caso del agua potable, el servicio no cubre 24 horas al día; no hay competencia ni regulación que la simule; no hay estándares de calidad a los que las empresas respondan; los reguladores del Estado actúan con lenidad en sus funciones de supervisión.
El manejo de las empresas de agua y desagüe es 100% político y muchas veces plagado de corrupción. En el caso de Sedapal en Lima, los trabajadores pueden heredar sus puestos, afectando seriamente la meritocracia.
Si hablamos de los servicios de educación escolar, la performance del Estado es clamorosa.
- Las metodologías y materias de estudio se fijan con enfoques políticos e ideológicos
- Los maestros pertenecen a sindicatos muy politizados (el Sutep responde a la ‘lucha de clases’ según su estatuto)
- La revolución tecnológica permite una educación individualizada para que cada niño desarrolle sus potenciales, pero la praxis estatal se mantiene en el superado paradigma de la producción en masa del siglo XX.
- Según el último examen Pisa, la educación escolar privada es muy superior a la pública, e inclusive mejor que la de Chile, Uruguay y Costa Rica.
Es una lástima que por prejuicios o por dogmas ideológicos, o por ignorancia de los medios de comunicación, se sacrifique la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo, sin un buen servicio de agua y desagüe, con acceso al servicio durante 24 horas diarias.
Es muy importante que expliquemos estas cosas a los ciudadanos, que no siempre tienen los elementos de juicio necesarios como para juzgar la calidad de servicios que reciben, y para exigir políticas públicas adecuadas, que dejen de ser diseñadas por sesgos ideológicos y se fijen por análisis costo-beneficio social. Lampadia
