Por: Oscar Schiappa-Pietra (*)
Para Lampadia
Tradicionalmente, las políticas públicas vienen priorizando la inversión en educación primaria frente a la terciaria (universitaria), por tener aquélla una mayor tasa de retorno social. Es evidente que garantizar el acceso a la educación primaria de calidad constituye un ingrediente fundamental de equidad y para avanzar en eliminar la pobreza.
En el caso de la educación terciaria, la tasa de retorno privada es mucho mayor que en el caso de la educación primaria, pues califica significativamente a sus egresados para acceder a mejores posiciones en el mercado laboral.
La educación terciaria tiene también retornos sociales que no suelen ser adecuadamente ponderados en los análisis comparativos: la educación especializada agrega competitividad a los países en la era de la economía del conocimiento, y además forma ciudadanos con mejores capacidades de discernimiento y aptitudes para desempeñar funciones de liderazgo en las esferas pública o privada. Además, la educación terciaria en particular suele tener un impresionante impacto en términos de equidad y de ascenso social.
En el Perú, las deficiencias en la educación terciaria son significativas. En las últimas décadas se ha masificado la educación terciaria en nuestro país, pero el proceso se caracteriza por la resultante casi generalizada notoria falta de calidad. Esto constituye una clara evidencia del “equilibrio de bajo nivel” en la provisión de servicios públicos, cuya disrupción requiere de un cambio cultural, cuestión a la que se refirió el Banco Mundial ya en 2006. El establecimiento de la SUNEDU es un paso en la dirección correcta, particularmente para incentivar la mejora en la calidad formativa; pero subsisten muchos otros aspectos que demandan ser abordados para lograr una educación terciaria inclusiva y de alta calidad.
La mejora en las oportunidades de acceso a la educación terciaria de alta calidad es una tarea pendiente, y está relacionada directamente con el financiamiento de los estudios. Acaso el mayor logro del gobierno del Presidente Humala haya sido el establecimiento del Programa Beca 18, de subsidio público para estudios universitarios. Pero eso es insuficiente, pues muchísimos estudiantes no viven en condiciones de pobreza significativa que los haga elegibles para aquél. En el Perú, a diferencia de cualquier país desarrollado y de muchos vecinos en proceso de desarrollo, no existe un sistema de financiamiento de estudios terciarios, que ofrezca créditos poco costosos y de largo plazo a los universitarios. Debiera convertirse en política de estado el garantizar que todo peruano pueda acceder a una educación terciaria de calidad, en el país o en programas de posgrado en el extranjero, y para ello debieran forjarse útiles alianzas público-privadas con participación de organismos internacionales.
A tal efecto, el Estado podría suscribir convenios con instituciones financieras privadas en virtud de las cuales provea a éstas un porcentaje significativo de la garantía y del monto dinerario de cada crédito educativo que otorguen, coadyuvando así a hacerlos viables y a abaratarlos sustancialmente. Un profesional que ha recibido una educación universitaria de calidad y que por tanto es muy competitivo en el mercado laboral tiene un alto incentivo para no defraudar en el pago de un crédito universitario. Para las instituciones financieras privadas, la garantía y el aporte dinerario estatal, en proporción significativa de cada crédito, darían sustancial viabilidad a esas operaciones y las harían comercialmente atractivas, con el incentivo adicional que representarían una inmejorable oportunidad de fidelización de nuevos clientes.
Pero, ¿cómo financiar un emprendimiento de tal magnitud? Una porción significativa de los fondos requeridos puede ser cubierta mediante la reforma del régimen del canon. Solamente en este año, las universidades nacionales ubicadas en regiones con actividad minera recibieron 154 millones de soles, correspondientes al ejercicio 2017, que se agregan a los muchos otros cientos de millones de soles de canon de investigación universitaria que dormitan sin ser utilizados en las cuentas de esas casas de estudios. Subsidiariamente, para un país sub-endeudado como el Perú, los retornos sociales de brindar a todos una educación terciaria de calidad justificaría recurrir al endeudamiento externo, dentro del actual contexto de bajas tasas de interés en los mercados globales, particularmente cuando se trataría de financiar créditos que serían finalmente reembolsados al estado. Es decir, existen la necesidad y también los recursos para darle cara; lo que falta es imaginación y decisión, tanto en el estado como en el sector privado.
Ello debiera ser complementada con la ampliación sustancial de los programas de becas ya existentes. El estado debiera, por ejemplo, transferir en fideicomiso recursos financieros a la Comisión Fulbright, al Consejo Británico, al Pronabec, al Concytec y al Instituto Peruano de Fomento Educativo, para que estas eficaces entidades puedan aumentar el volumen de becas que ofrecen.
El aumento de la oferta de becas, y la creación de un sistema público-privado de garantía y fondos crediticios para el financiamiento de la educación terciaria de calidad para todos, debiera ser uno de los legados importantes que dejemos para las futuras generaciones con ocasión del advenimiento del Bicentenario de nuestra Independencia. La educación es ante todo una experiencia liberadora y enriquecedora, y es indispensable para forjar ciudadanos comprometidos con los valores democráticos y con el progreso socioeconómico de nuestra patria. ¡Qué mejor inversión en nuestro futuro!
(*) Gracias a distintas becas, el autor ha cursado cuatro maestrías de calidad.
