Nathan Nadramija, Socio de Metis Gaia
Gestión, 6 de octubre de 2017
El proyecto minero Michiquillay es un proyecto cuprífero de clase mundial listado en el top 10 de proyectos no desarrollados en el mundo en una encuesta de Thomson Reuters en el 2016. Tiene reservas para montar una operación similar a Las Bambas por más de 20 años. Contribuiría con aproximadamente 0.5% del PBI anual durante su operación. Adicionalmente, contribuiría a destrabar la inversión minera en Cajamarca luego de los reveses de los últimos años. Desde muchos ángulos es un proyecto importante para Cajamarca, para la minería y para el Perú, en general.
El gran reto que enfrenta el proyecto surge porque se emplaza sobre las comunidades de Michiquillay y La Encañada. Se requerirá el reasentamiento de ambas comunidades o gran parte de ellas. Por esta razón, cuando Anglo American ganó la licitación en el 2007, el número de comuneros se multiplicó. Entre los comuneros hay algunos cuya única vivienda está en las comunidades mientras que para otros es la oportunidad que han esperado hace más de 40 años para vender sus terrenos a un precio “adecuado”, pero que ya tienen vivienda en Cajamarca u otras zonas.
El reto es mayor porque estas comunidades cuentan con el Fondo Social Michiquillay que se creó cuando Anglo American intentó de sarrollar el proyecto entre el 2007 y el 2014. Este fondo social tiene más de US$ 200 millones para que la empresa y las comunidades puedan invertir en el desarrollo de los comuneros. Sin embargo, el manejo del fondo es complejo porque en muchos casos las empresas comunales buscan los contratos pensando más en la utilidad como proveedores que en el benefi cio que van a generar los proyectos que ejecutan. Se ha invertido inclusive en mejorar viviendas que deberían ser reubicadas elevando la percepción de valor del terreno para cualquier futuro operador.
Los liderazgos dentro de la comunidad también son complejos y en constante evolución. La dinámica gira alrededor del fondo social y el desarrollo del proyecto. La alternancia en los cargos comunales y en el fondo social ha generado distintos grupos con intereses no alineados en el corto plazo. Las demoras en el desarrollo del proyecto por decisiones internas de Anglo American contribuyeron a generar un mal clima social y un desencuentro con algunos grupos de dirigentes comunales.
Si bien el foco social en el desarrollo del proyecto Michiquillay ha estado en las dos comunidades, no debe dejarse de lado al distrito de La Encañada y la región de Cajamarca como ámbitos en los que deben trabajarse en la agenda de gestión social. Recordemos que el proyecto Conga fue paralizado desde fuera de su área de influencia directa. Más aún, para el desarrollo del proyecto, el agua y el transporte del mineral no se circunscribirá a las comunidades.
Las capacidades de los gobiernos municipales y regional son bajas. A esto se suma la rivalidad política y bajas capacidades de los líderes locales que ganan las elecciones que complica la colaboración y trabajo sostenible. Los niveles de ejecución de proyectos con el presupuesto ordinario y recursos del canon no han sido oportunos para generar la sensación de bienestar en la población fruto de la actividad minera. Los logros de aprendizaje son bajos; hay un gran défi cit de infraestructura desplegada en redes para atender la población dispersa y la productividad en temas no mineros no despega. Los planes de desarrollo regionales y locales no han sido los inst r umentos que permitan alinear todas las intervenciones relacionadas a generar bienestar para los pobladores y generar oportunidades económicas de desarrollo.
Los retos sociales son el factor crítico para tener éxito en el proyecto más allá de los retos técnicos, como son identificar la fuente de agua y encontrar los espacios suficientes para las instalaciones (por ejemplo, relaveras). El Gobierno central poco ofrece para ayudar a mitigar estos riesgos. El discurso en el mejor de los casos es de apoyo pero al llegar a la ejecución y acompañamiento continuo las experiencias previas muestra gran incapacidad. El futuro postor debe tener una estrategia clara que viabilice socialmente al proyecto sin que lo haga inviable financieramente. Las comunidades son aliados claves y juntos deben forzar a que el Estado haga su tarea. El peor error sería que el nuevo postor intente reemplazar a este Estado ausente aún.
