Por: Daniel Linares Avilez, Socio del Estudio Linares Abogados
El Comercio, 23 de agosto de 2019
El Poder Judicial es una institución con el 88% de desaprobación, según una encuesta de GFK. Se ha calculado que para el bicentenario tendrá 4 millones de causas acumuladas no resueltas, pues mientras que un juez puede resolver 500 casos al año, en la realidad tiene 5.000 pendientes. Así, la demora de los procesos ha sido el caldo de cultivo para que la microcorrupción sea aceptada como una herramienta para que los trámites avancen y el Poder Judicial agota y frustra tanto al litigante como al que busca justicia, al extremo de que la frase tristemente célebre “el sistema nunca va a cambiar” se ha vuelto el lema de nuestra sociedad.
Lo cierto es que nuestra administración de justicia no ha evolucionado. El litigio civil se lleva a cabo esencialmente por escrito, las actas de las audiencias se transcriben y no literalmente, sino la versión resumida de lo que entendió el asistente del juez. Los jueces no se involucran en los casos por la carga descomunal que tienen: en las cortes en un solo día se llevan a cabo informes orales de más de 10 procesos judiciales, volviéndose una práctica inútil.
A pesar de estos males enormes que parecían haber condenado para siempre nuestro sistema de justicia, un grupo de jueces civiles decidió hacerse cargo del problema, dejando las quejas a un lado y pasando a la acción: a finales del 2018 iniciaron el Plan Piloto de Litigación Oral Civil en los Juzgados de Arequipa. Dentro de las más importantes innovaciones que se establecieron en este plan destaca que las audiencias en los procesos sean orales. Además, las audiencias se registran en audio y video, pasando la transcripción escrita del momento a un segundo plano, a fin de que el magistrado y los justiciables se concentren en sus actuaciones.
Según el reporte inicial, los tres juzgados de Arequipa en los que se aplicó el plan piloto produjeron el 38,23% de todos los expedientes resueltos por los juzgados civiles, diversos procesos han reducido su duración de 36 a 8 meses. La mejora ha sido del 75%, con todo el ahorro de tiempo y recursos que ello implica. Todo hace indicar que este proyecto va a ser un éxito.
Hace unas semanas se declaró en emergencia la Corte de Lima y se ha iniciado la implementación de este plan en la capital. Es más que seguro que van a cambiar muchas cosas: abogados y jueces deberán tener pleno conocimiento del caso para cumplir con su labor en las audiencias y los justiciables podrán presenciar y participar en las discusiones y tener una idea clara de sus posibilidades de éxito. Como consecuencia de tener procesos más eficientes y breves se incentivará la transacción extrajudicial equitativa entre las partes, en vez del acuerdo resignado a los términos del demandado ante la consideración del accionante que no va a obtener justicia o que la misma va a llegar demasiado tarde.
Seguramente hay muchas cosas más por mejorar, pero espero que este plan piloto se aplique en todo el país y ‘resetee’ este sistema judicial. Hay que agradecer a estos jueces por su iniciativa, la que vienen ejecutando sin necesidad de que se modifiquen las leyes. Ellos han sido disruptivos y atrevidos, y han retado a los abogados a salir de su zona de confort y de la idea de que el sistema nunca va a funcionar.
Ahora corresponde que Lima y todo el Perú sigan este ejemplo y por fin se marque un punto de quiebre para empezar el camino hacia una administración moderna y eficiente, donde tengamos fallos justos para los litigantes y donde todos puedan obtener justicia por igual.
