Miguel Sánchez-Moreno, Abogado
El Comercio, 06 de mayo de 2016
Los dos candidatos en la lucha por el gobierno han coincidido en la necesidad de fortalecer Pro Inversión, lo que debería implicar repotenciar su liderazgo como el principal gestor e impulsor de las asociaciones público-privadas (APP) en el país.
Pro Inversión es una entidad con más de 25 años de creación (su antecesora fue la recordada Comisión de Promoción de la Inversión Privada) y ha sido reconocida como una de las entidades de gobierno más exitosas en los últimos años, no solo por el empresariado nacional, sino por inversionistas extranjeros, gobiernos y entidades multilaterales. No en vano Pro Inversión ha recibido premios internacionales y constantemente sus funcionarios son requeridos para brindar asesorías en el exterior a países que quieren promover la inversión privada.
Sin embargo, en los últimos años, con los cambios introducidos al marco normativo en APP, Pro Inversión ha perdido su liderazgo y cedido su posición al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pro Inversión ha dejado de ser el líder, el creativo, el impulsor y pasando a ser un ejecutor y un órgano de segunda línea del MEF.
Esto resulta curioso, por cuanto su consejo directivo está conformado por cinco ministros de Estado, pero que funcionalmente dependen de una dirección del MEF. Y ha sido la gran crítica del gremio empresarial local, que se pregunta por qué relevar a un segundo plano a una entidad con valiosa experiencia y resultados positivos.
Al parecer, esta percepción también ha sido considerada por los equipos de Peruanos por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular.
El plan de gobierno de PPK propone “redefinir el rol de Pro Inversión” a través de seis reformas: 1) Salir del MEF y pasar a formar parte de un ministerio de infraestructura desde donde se encargará de sistematizar el banco de proyectos y desarrollar los estudios de preinversión. 2) Asignar un presupuesto quinquenal para el desarrollo de preproyectos. 3) Descentralizar y crear oficinas en todos los gobiernos regionales. 4) Desarrollar la evaluación económica social de los proyectos. 5) Fortalecer su labor de promoción de proyectos. 6) Desarrollar proyectos en zonas rurales y zonas de pobreza con un presupuesto asignado anualmente para ello.
Por su parte, el plan de gobierno de Fuerza Popular se refiere al “potenciamiento de Pro Inversión” también a través de seis propuestas: 1) Evaluar resultados en función a indicadores de calidad. 2) Usar adecuadamente recursos en estudios de preinversión. 3) Generar un fondo para promover proyectos de alcance regional o local. 4) Simplificar procesos de APP. 5) Reorientar los procesos de APP y revisar aquellos proyectos que fueron descartados por el gobierno a partir de julio del 2015. 6) Elaborar una cartera de proyectos de inversión a base de un plan de desarrollo de infraestructura.
Como se aprecia, hay coincidencias entre ambos candidatos y, por tanto, debería haber optimismo en la reactivación de los procesos de APP y, sobre todo, ante el inminente nuevo liderazgo de Pro Inversión. Estas son razones suficientes para que el empresariado local y los inversionistas internacionales puedan estar expectantes. Lampadia
