Perú21, 22 de Mayo de 2017
La semana pasada representó uno de los puntos más altos de la crisis política brasileña. Uno de los detonantes fue una conversación entre Temer y un empresario corrupto, Joesley Batista, de la empresa JBS. La grabación fue difundida a nivel nacional como la prueba de que Michel Temer habría comprado el silencio del diputado Eduardo Cunha. El segundo detonante fue otra grabación en la cual Aécio Neves solicita a JBS una coima por US$600 mil y el video de la entrega del dinero a un intermediario.
Los efectos fueron devastadores. Aécio Neves ya no es senador, su carrera política terminó y ahora enfrenta un juicio por corrupción sin foro privilegiado. El gobierno de Temer está en la cuerda floja y hay manifestaciones en todo el país que exigen su renuncia. El PT, y su aliada Marina Silva, han levantado la consigna de “elecciones directas ya”. Temer se ha negado a renunciar, pero está chocando con el sentir nacional y ya perdió parte sustancial de sus aliados políticos.
Batista ha informado que la JBS ha financiado a 1,829 políticos: 167 de los 511 diputados federales, 28 de los 81 senadores, 16 de los 26 gobernadores y 19 de los 26 partidos políticos. Es decir, su labor de corrupción fue mayor que la de Odebrecht.
No es para menos, la JBS ha sido una de las mayores beneficiadas por el BNDES, el cual ha entregado crédito por 125 mil millones de dólares durante los gobiernos del PT; 25% más que la reconstrucción de toda Europa después de la segunda guerra mundial.
¿Ahora qué esperar?
En la economía, las perspectivas eran positivas, después de más de 2 años de recesión, y de una caída de 7.4% del PBI (la peor crisis desde 1930), la reactivación ha llegado. Sin embargo, en relación con las reformas institucionales, necesarias para la viabilidad al país, lo avanzado es parcial. Se ha mejorado el marco de la planificación fiscal (previniendo los déficits), pero falta modificar el sistema de pensiones (imposible de financiar) y modernizar la legislación laboral de 1932, copiada de la Italia fascista. Sin esas dos reformas adicionales, las perspectivas económicas seguirán en duda.
En lo político, los escenarios son inciertos. Se abren cuatro opciones: la renuncia, el juicio político, la vacancia por razones penales y la anulación de las elecciones. En las tres primeras opciones, se prevé una presidencia de transición y elecciones indirectas del nuevo presidente por el Congreso. En ese supuesto, el nuevo presidente permanecería hasta el 2018. En el caso de la anulación de las elecciones, lo que vendría es el adelanto de las elecciones generales, en un plazo no mayor a 40 días.
Las elecciones indirectas permitirían que cualquier ciudadano fuera elegido por el Congreso. Aun así, esa opción podría brindar un nivel básico de estabilidad hasta el 2018 y, tal vez, posibilitar la continuidad de las reformas. El adelanto de las elecciones generales podría llevar al regreso del PT al gobierno y el retroceso de todo lo avanzado.
Lo que está en crisis es todo el sistema político brasileño, basado en arreglos corruptos entre grupos de grandes empresarios y de la aristocracia política.
Hoy, lo único previsible es la incertidumbre en los próximos años. La estabilidad solo vendrá cuando se genere un nuevo marco institucional.Ello probablemente dará inicio a la séptima república.
