Por: César Azabache, Abogado
El Comercio, 24 de setiembre de 2018
El presidente Martín Vizcarra redefinió los términos de su relación con el fujimorismo llamando a referéndum. Aceleró luego el proceso convirtiendo el llamado en cuestión de confianza. El asunto concluirá cuando se convoque el referéndum. Pero mientras tanto, debe notarse que la velocidad de reacción que ha adquirido el presidente en el manejo de estos temas no se está traduciendo en la puesta en marcha de políticas públicas propiamente tales en materia de justicia. Veo un desfase entre la precisión que se exhibe en la cima de la escena y el relativo vacío que predomina en el suelo llano. Y si este desfase se mantiene, entonces el capital político acumulado en la coyuntura podría agotarse en el momento mismo en que el referéndum anunciado el 28 de julio se concrete.
Las buenas ideas no conforman políticas completas, solo oportunidades que es preciso llenar de contenido.
La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), estandarte del referéndum, devino en imprescindible porque el daño causado por las grabaciones que involucraban a los consejeros solo podía ser compensado por un cambio fuerte en el nivel más alto del sistema. Sin embargo no existe una relación directa entre los cambios que puedan resultar de la conformación del CNM y la calidad de la justicia que recibe la ciudadanía. La justicia no va a cambiar porque se modifique el procedimiento de elección de jueces. Ocurre al contrario. El procedimiento de elección no va a servir para mucho si no se modifica también el ambiente institucional en el que se desenvuelven los tribunales de justicia.
La calidad del sistema de justicia debe medirse a través de tres indicadores: la capacidad del sistema para proteger a las mujeres y a los grupos vulnerables, su capacidad para lograr que los daños causados por abusos o transgresiones de cualquier tipo sean reparados, y el tiempo que toma castigar los delitos. Si ninguno de estos indicadores se mueve, no podemos afirmar que se haya producido ningún cambio de importancia en el sistema. Y probablemente haya que recordar en este momento que nuestras estadísticas oficiales ni siquiera contienen datos que permitan producir mediciones mínimas del sistema en base a estos indicadores elementales.
Por desgracia, todos los agentes involucrados en la crisis están pensando en el modo en que puede administrarse mejor el sistema judicial que existe. Aparentemente nadie está pensando seriamente en que la reforma del sistema no consiste en que los tribunales operen mejor, sino en que operen de una manera distinta a la que ahora siguen como pauta.
Para que el sistema opere de una manera distinta es preciso modificar el eje de relación que media entre jueces y ciudadanía. El sistema necesita legitimidad y autoridad moral. La legitimidad y la autoridad moral son productos derivados de la confianza, y la confianza no puede construirse sin espacios estables de interacción. Para construir estos espacios necesitamos que los jueces estén instalados ahí donde vivimos, en los municipios, donde aparentemente ni siquiera imaginamos ahora cuánto los necesitamos.
Los jueces deben convertirse en jueces nuestros. Y deben ser inamovibles, de manera que podamos conocerlos, predecir cómo decidirán casos futuros y controlar su actividad a través de la regularidad de sus decisiones y su buen comportamiento en comunidad. Tenemos que abandonar los traslados y las rotaciones, que hacen que no podamos saber si el juez que recibió nuestros casos será quien los resuelva. Y tenemos que eliminar la provisionalidad, que ahora permite que las cortes tengan injerencia sobre la conformación de los tribunales, y puedan conceder puestos y ascensos que el CNM deniega.
¿De qué sirve reformar al CNM si el destino final de los jueces depende de las cortes?
Los tres ejes, municipalización, inamovilidad y erradicación de la provisionalidad, deben expresarse en una reducción drástica del número de jueces de la Corte Suprema. También en la creación o redefinición de espacios judiciales locales, que ahora son invisibles o casi inexistentes. Y deben provocar el reforzamiento de la justicia nacional, que debe seguir a cargo de la criminalidad organizada grave y de la relacionada con la corrupción de alto nivel.
Es preciso recordar que en el mensaje de julio, el presidente ofreció instalar un consejo al que se encargaría la definición de la política judicial de manera estable. Ese consejo no se ha instalado, ni siquiera ha sido convocado. Y hay que recordar, además, que tan importante como la política judicial en este sector es la política de persecución del delito, una línea de definición de la actividad pública que mantenemos en parcial invisibilidad, quizá a consecuencia de los impasses aún irresueltos alrededor de la Fiscalía de la Nación.
Construir sobre el suelo llano, que es el espacio en el que vive la ciudadanía. No solo en la cima. Ahí la consigna.
