Por Andrés Calderón
(El Comercio, 18 de Septiembre de 2015)
Recuerdo que uno de mis profesores de Derecho de la Competencia en la universidad decía: “Crea un organismo regulador y luego cuéntame si algún día puedes desactivarlo”. Los reguladores tienen el mandato legal de promover la competencia en el mercado y entrar a regularlo solo cuando la competencia no sea posible (por ejemplo, fijar tarifas para los servicios públicos). ¿Y si la competencia se vuelve posible?
Mi antiguo profesor respondería: “El regulador siempre encontrará la forma de seguir regulando”. Puede ser por temor al vacío, a quedarse sin trabajo o por una verdadera vocación de proteger el interés público, pero es muy difícil –un avistamiento de estrella fugaz– que un organismo regulador se abstenga de regular un mercado, aun cuando no lo necesite.
La neutralidad de red es el más reciente objeto de preocupación de muchos reguladores de telecomunicaciones en el mundo. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) no se quedó atrás, y hace unos días publicó un proyecto de regulación sobre neutralidad. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que los proveedores de Internet (fijo, móvil o cualquier otro) puedan discriminar ciertos contenidos, aplicaciones o equipos, y afectar la competencia. ¿Cómo harían eso? Por ejemplo, si degradaran la velocidad de un servicio de películas por Internet (como Netflix) para evitar que esta empresa le quite suscriptores a su servicio de televisión por cable.
¿Conductas como esta podrían ser un problema para la competencia? Sin duda. El “problema” es que ese caso ya tiene solución y se llama Ley de Libre Competencia, que sanciona las conductas abusivas que restringen la competencia. El verdadero obstáculo, sin embargo, es que esta regulación abarca muchas más prácticas comerciales que no dañan a nadie, como ofrecer servicios gratuitos (por ejemplo, Facebook o WhatsApp) sin costo alguno al consumidor o sin que se descuente de su paquete de datos.
Con la propuesta del Osiptel, prácticamente cualquier decisión de un operador que implique la administración de su red o gestionar el tráfico en Internet tendría que pasar por su visto bueno en un procedimiento que podría durar –si se cumplen los plazos– 40 o hasta 60 días hábiles. De lo contrario, estas prácticas estarán prohibidas.
El caso de los servicios o aplicaciones gratuitas en Internet es uno que tendría que pasar por el filtro previo, pero también establecer una tarifa diferenciada para quien requiere una mayor velocidad o ancho de banda en Internet. Si un portal electrónico que vende productos en la red quiere asegurarse un mayor ancho de banda para evitar, por ejemplo, que sus transacciones se corten, o si una página web que transmite películas por ‘streaming’ quiere asegurarse una velocidad de transmisión mayor para evitar interrupciones molestas para sus usuarios, ¿no sería más eficiente que paguen más por ese trato preferencial? Y si un operador de Internet quiere ofrecer gratuitamente un servicio de videoconferencia para ayudar a una comunidad alejada, ¿no sería justo que tenga esa libertad?
Y aquí está el núcleo del asunto: la necesidad de controlar todo. Si la mayoría de estas prácticas son lícitas, benefician a los consumidores y favorecen la competencia, ¿por qué la necesidad de una aprobación previa? ¿No sería mejor que cuando haya un verdadero riesgo para la competencia, intervenga el Osiptel solucionando el caso concreto y sancionando al infractor? Curiosamente, este organismo regulador se encarga de aplicar la Ley de Libre Competencia en estos mercados, pero su proyecto de reglamento parece evidenciar algo que mi profesor anticipaba: el regulador prefiere regular, más de lo que prefiere la competencia.
Otro dato curioso es que los proponentes de la neutralidad de red suelen llamarse defensores del “Internet libre”. Internet, ese mundo paralelo que ha venido funcionando muy bien sin que las regulaciones lo alcancen. Hasta ahora. Si prospera la versión actual del proyecto del Osiptel, este será el mandamiento fundacional del nuevo “Internet libre”: “Para garantizar un Internet libre, ningún proveedor de Internet tiene la libertad de hacer nada, salvo que el regulador lo autorice. Todo lo demás está prohibido”.
