Por: Luis Estrada
Perú21, 24 de marzo de 2019
Perú21, 24 de marzo de 2019
Los buenos contribuyentes entregan parte de sus ingresos al Estado para que este los administre con eficiencia y honestidad en favor de la ciudadanía.
El primer deber del Estado no es dar empleo burocrático, sino organizar y proveer de servicios básicos al país: agua potable y saneamiento, energía, salud, seguridad y educación.
En el Perú, desde siempre, el Estado define y controla quién brinda el servicio de agua y alcantarillado y cómo se administra.
Veamos su performance (fuente: INEI, Enapres, 3/18): al finalizar 2017, el 10.6% de la población (más de 3 millones de personas) no tenía acceso a ninguna red pública de agua.
De aquellos con acceso a la red, el 22% declaraba consumir agua no potable y, lo que es peor, menos del 55% tenía servicio continuo.
Es decir, ¡casi 7 millones de peruanos sienten no consumir agua potable y casi 13 millones no tienen el servicio diario y permanente! Dichas proporciones son de vergüenza.
El caso del alcantarillado es igual de dramático: el 27.2% de la población no cuenta con este servicio público.
En 20 años, el avance ha sido ridículo.
Estos servicios son deficitarios y mediocres a nivel nacional, y ya se ve que la discusión acerca de privatizar Sedapal, concesionar o no el servicio en regiones, ha resultado una farsa, una pantomima de varios gobiernos para mantener el statu quo y seguir dando prebendas a sus “hermanitos” políticos. ¡Corrupción y mediocridad detrás de tanta inacción!
Reclamamos al gobierno actuar de una vez, trazando una estrategia viable, práctica y eficaz para resolver antes de 2021 las carencias y enredos del sector. ¡Es perfectamente posible!
