Disuelve el Congreso después de la emisión de un voto de confianza. Eso es inconstitucional
The Wall Street Journal
6 de octubre de 2019
Mary Anastasia O’Grady
Traducido y glosado por Lampadia
La disolución del congreso en Perú podría tener un grave impacto en las instituciones
democráticas que han permitido el crecimiento económico en el país sudamericano.
Imagen: Presidencia peruana / Reuters
Al observar la ruina de Venezuela bajo el socialismo del siglo XXI, uno puede olvidar fácilmente que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con el compromiso de erradicar la corrupción. Cuarenta años antes, la revolución cubana de Fidel Castro obtuvo gran parte de su apoyo popular del disgusto generalizado con la corrupción del régimen de Batista.
Esto puede parecer una historia antigua, pero ayuda a explicar por qué la disolución inconstitucional del Congreso peruano por parte del presidente Martín Vizcarra la semana pasada tiene nerviosos a los demócratas de la región.
Perú fue una dictadura militar de izquierda hasta 1980, y sus jóvenes instituciones democráticas son frágiles. Pero ha logrado un progreso económico sustancial en las últimas décadas.
- El crecimiento real del producto interno bruto ha promediado mejor que el 4.7% anual desde 1999
- El porcentaje de la población que vive en la pobreza ha caído a menos del 22% en 2018 desde el 59% en 2004.
- La mortalidad infantil disminuyó a 11 por cada 100,000 nacimientos en 2018 desde 35 en 1998.
- Las exportaciones no tradicionales se han disparado en las últimas dos décadas, y la clase media se ha duplicado como porcentaje de la población.
Estas ganancias se produjeron cuando Perú abrió mercados y mejoró la competencia y el respeto por la propiedad privada y la inversión extranjera. Debido a que el golpe de estado de Vizcarra pone en peligro a las instituciones políticas de Perú, también amenaza la economía.
Los partidarios de Vizcarra lo ven de otra manera. En su opinión, el cierre del presidente de una rama de gobierno igualitaria, que le permitirá gobernar por decreto durante los próximos cuatro meses, está justificado porque la democracia se había vuelto disfuncional. En julio convocó a elecciones generales anticipadas, que el Congreso rechazó. El mes pasado propuso una reforma del proceso por el cual el Congreso elige a los jueces de la Corte Constitucional.
Cuando el empresario de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente en 2016, Vizcarra fue su compañero de fórmula. Kuczynski renunció bajo acusaciones de corrupción en 2018, y el vicepresidente Vizcarra lo sucedió. Desde entonces ha acumulado la mayor parte de su apoyo desde la izquierda.
Es importante entender que, según la constitución, el gobierno electo tiene el poder de disolver el Congreso solo después de dos votos de desconfianza. Hubo un voto de no confianza bajo el Sr.Kuczynski en 2017.
El Congreso ha aprobado la mayoría de las propuestas de Vizcarra desde que llegó al poder. El lunes pasado, el gobierno solicitó un voto de confianza y lo vinculó a la reforma del nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. Pero antes de debatir sobre la propuesta del presidente, el Congreso nombró un nuevo magistrado. Luego le dio al presidente un voto de confianza, sugiriendo, con base en su registro de votación, que luego aprobaría su propuesta. Nunca tuvo la oportunidad.
Enfurecido por el nombramiento del nuevo magistrado Vizcarra disolvió el Congreso sin el segundo voto de confianza que se requiere. También estableció nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero. El Congreso unicameral controlado por la oposición llamó al movimiento de Vizcarra un golpe de estado. Lo suspendió de la presidencia y juró a su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como presidente interina del país. El martes, la Sra. Aráoz renunció como presidenta interina y vicepresidenta.
Esa renuncia fue un guiño a la decisión de los militares de apoyar a Vizcarra. Los rumores se extendieron rápidamente de que una nueva contribución del gobierno al fondo de retiro de los militares, otorgada al día siguiente, estaba vinculada a la decisión. Pero Vizcarra parece tener un apoyo popular, y el ejército probablemente estaba leyendo la opinión pública y apostando a que prevalecerá.
El público está enojado por la corrupción. En el Congreso, el partido Fuerza Popular, fundado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, tiene una pluralidad. Los fujimoristas se han ganado la reputación de ejercer su poder de manera imprudente. Keiko Fujimori está en detención preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Los partidarios de Vizcarra también se quejan de que el nuevo magistrado es primo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Sin embargo, Olaechea no es miembro del partido Fujimori y no participó en el proceso de nominación.
Vizcarra parece seguro, pero el asunto puede ir al Tribunal Constitucional. Incluso si respeta la ley que permite al Congreso nombrar al nuevo magistrado, no está claro cómo dictaminará el tribunal. Lo que está claro es que la separación de poderes tan crucial para la democracia está en peligro.
Muchos de los partidarios de Vizcarra en la izquierda quieren reescribir la Constitución peruana. Gregorio Santos, admirador de Hugo Chávez, tuiteó el viernes antes de que Vizcarra usara a la policía para cerrar el Congreso: «Preparemos una gran reunión popular para la nueva Constitución». Sabe que así es como Chávez consolidó el poder en Venezuela. El nuevo primer ministro de Vizcarra (que es parte de su gabinete, no un líder legislativo) también demuestra simpatía por la extrema izquierda.
Un hombre fuerte que consolida el poder rara vez es bueno para las perspectivas a largo plazo de una nación. Pisotear el estado de derecho y deshacer una elección no es una cura para la corrupción. Lampadia
