Por: José Ignacio Beteta Bazán
Gestión, 23 de setiembre de 2020
El día de ayer cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) votaron en contra de la inconstitucionalidad del decreto 1421 publicado en 2018 por el presidente Martín Vizcarra. Según el responsable de la ponencia, Ernesto Blume, este fue promulgado sin que el presidente contara con facultades legislativas para modificar normas tributarias, y su aplicación tenía efecto retroactivo porque no buscaba aclarar una norma vigente sino extender el cobro de diversos reparos tributarios.
El tema no era tan complejo, y nos enfrentábamos otra vez a dos posibilidades: o primaba la seguridad jurídica o vencía la política.
Si las reglas de juego, la ley, la norma, el código tributario (ya bastante complicado) fijan una forma de tratar estas controversias, el mismo estado no podía contravenirlas con un decreto que cambiaba las reglas de forma retroactiva. En todo caso, había que cambiar las reglas a futuro, pero no violentarlas hacia el pasado.
Blume tenía razón. Los efectos del decreto 1421 eran inaceptables, pero totalmente predecibles viniendo de un equipo gubernamental que ha interpretado la ley a su antojo cada vez que pudo.
La idea era que el TC se mantenga alejado de la política y el populismo, pero hoy en día hasta esto es mucho pedir. Cada vez hay más politólogos que, seguramente con el saludable interés de llevarse un pan a la boca, aducen que todo puede y debe ser afectado por la política, hasta el derecho. Y no hay verdad más brillante que pueda ser aceptada si lo que prima es el interés vano. Y éste se manifestaría cada vez con más claridad en los populares magistrados Espinosa-Saldaña y Ledesma.
El primero declaró después de la sesión que “no hay país que prospere si sus ciudadanos no pagan impuestos”, frase a todas luces demagógica si la contrastamos con la realidad. Primero, nadie dijo que las empresas fueran a pagar. El litigio continúa. Segundo, ¿de qué país habla? En Perú, el 60% del IGV lo pagan 700 empresas, menos del 12% de la población paga impuesto a la renta, y la gran cuenta del estado la pagan unos cuantos, las pruebas abundan.
Por su parte, Ledesma no se quedó atrás en lírica, y declaró que “el TC ha hecho un ejercicio democrático y transparente”, ante lo cual le agradecemos la transparencia pero la democracia no le corresponde. El Tribunal Constitucional no existe para seguir a las masas o a las mayorías, ni para fungir de órgano político, su relevancia se sustenta en la rigurosidad de sus ideas y argumentos.
Al máximo organismo constitucional lo que se le pide es que garantice con independencia que los diversos actores sociales respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en este caso, nos guste o no, culpables o no, las empresas -ciudadanos jurídicos- usaban los mecanismos que la ley les ofrecía.
Así, el proceder habitual de estos dos magistrados confirma que el Perú se dirige sin escalas hacia un consolidado irrespeto frente a la ley y el orden en el mismo seno en que la ley y el orden deberían nacer y protegerse. Terrible.
La justicia en nuestro país agoniza, ya no puede ser objetiva. Tiene que ser popular, mirar las encuestas, obedecer a las redes sociales, arrodillarse ante bloqueos de carreteras y sindicatos, y temblar al escuchar en su perdida imaginación las inexistentes cacerolas de una ridícula pero autoritaria élite socialista-progresista, que no entiende que está cavando su propia tumba frente al populismo autoritario que probablemente llegue en el 2021, bajo especie de luz y en forma de presidente o de congreso.
