José Ignacio Beteta, Director Gerente de Contribuyentes por Respeto
El Comercio, 8 de setiembre de 2016
Cuando parecía que recitábamos ya en calma aquellos versos de Gabriela Mistral, “que sopló el viento y se llevó las nubes y que en las nubes iba un pavo real…”, algunas iniciativas congresales del actual período legislativo nos empujan a la realidad, para aceptar que, al parecer, tendremos que tolerar otros cinco años de leyes de colorido plumaje pero con poca sustancia.
En esto, el período legislativo anterior, tuvo episodios casi trágicos. La seguidilla de propuestas legislativas sin sustento técnico ni evidencia que las valide, era interminable. Fuimos testigos de leyes tan polémicas como la Ley que aprobó el libre retiro del 95.5% de los fondos en las AFP como opción de jubilación (ley que a todas luces debería haber propuesto una reforma más profunda de todo el sistema, inclusive el público), o también de propuestas legislativas más “silenciosas” pero igual de nocivas, como aquella que quería obligar a las empresas de transporte interprovincial a cobrar medio pasaje a los universitarios, o aquella otra que hubiese permitido que el deudor a un banco se libre de su deuda tan solo declarándose insolvente, o una más que planeaba obligar a los centros educativos a proyectar y publicar en cuánto elevarían sus pensiones sin tomar en cuenta que factores económicos externos u otras variables financieras hacen que esto sea inviable.
Las cerezas del pastel las puso el excongresista Jaime Delgado. Sus dos proyectos emblemáticos fueron la Ley de Alimentación de saludable, que comete el pueril error de calificar como dañinos alimentos que, consumidos en una porción saludable, no lo son; así como la Ley de Moratoria a los transgénicos que, a cinco años de su promulgación, ha generado una parálisis en el ámbito de la investigación y el desarrollo de la biotecnología y se ha convertido en una prohibición bien disfrazada. Estas leyes y proyectos de ley se presentaron o aprobaron sin más sustento que la eterna arenga de la defensa del consumidor. Y sí, queda claro que los consumidores debemos ser defendidos frente a los posibles y a veces frecuentes abusos del proveedor de un bien o un servicio.
Sin embargo, bajo esa misma prédica, se ha inventado un teatro de guerra ficticio, una lucha de clases trasnochada que en realidad no existe, puesto que empresarios y consumidores somos lo mismo: ciudadanos; ciudadanos que seguramente desearíamos resolver nuestros desacuerdos con las garantías que la ley nos ofrece, pero no a la sombra de un Estado populista o intervencionista.
Y es que bajo esa misma arenga también se ha permitido la producción de leyes que no resisten el menor análisis y que solo sirven para nutrir el ya tupido bosque regulatorio que nos asfixia, y que de paso la misma OCDE nos pide talar a la brevedad.
Hoy, a un mes y pocos días de haber iniciado su cuarto período legislativo consecutivo, el congresista Yonhy Lescano, por ejemplo, ya presentó 39 proyectos de ley y participó firmando otros 2. De estos proyectos, uno busca eliminar la renta básica de telefonía fija por considerar que dicho cobro ha sido desnaturalizado. El principal argumento para su propuesta: las empresas ya ganaron lo suficiente.
Si el Frente Amplio acoge el audaz “tip” que sugería Fernando Vivas la semana pasada en este Diario, y carga la bandera de la defensa del consumidor asumiendo que las empresas son el enemigo, nos espera más de lo mismo. Puede que sea estratégico o astuto a nivel político asumir el rol de defensor del consumidor, pero que quede claro cuál es el costo de este juego político y quién lo paga. Lo pagamos todos y ni el viento ni las nubes de Mistral se llevan esas leyes.
