Geoffrey Cannock1, Socio, APOYO Consultoría
Para Lampadia
La agricultura peruana tuvo un fuerte estancamiento durante las décadas del setenta y ochenta por las equivocadas políticas macroeconómicas y sectoriales que sesgaron en contra de su desarrollo. La tasa de productividad total de factores del sector agrario bajó a niveles realmente mediocres a solo 0.4% y 0.6% promedio anual respectivamente en esas décadas.
Surgió entonces una tesis simple por parte de especialistas y representantes del sector: aprovechar las ventajas potenciales del Perú para productos agrarios de exportación. La idea era cultivar productos de alto valor agregado de contra-estación con el hemisferio norte; aprovechando la preferencia creciente en dichos mercados por el consumo de frutas y hortalizas; el clima en la costa análogo a un invernadero natural; la amplia dotación de tierras eriazas por desarrollar, y la disponibilidad de recursos humanos. Para implementar los proyectos de agro-exportación había que atraer inversión privada con una gerencia moderna y altamente tecnificada.
Así, en los años 90 se iniciaron emprendimientos liderados por el espárrago, que probaron el potencial de la tesis. Sin embargo, el crecimiento fue relativamente modesto. La agro-exportación de cultivos permanentes requiere plazos largos para alcanzar el pico de producción, está sujeta a una alta inversión por hectárea, y es muy riesgosa. No hay lugar para sobrecostos debido a que los márgenes en precios son muy ajustados por la alta competencia de proveedores de otros países. Además, la infraestructura y servicios públicos y privados para la exportación era aún muy incipiente.
La aprobación en el 2000 de una sola norma hizo la diferencia para cambiar con éxito la dinámica y potencial del sector: la Ley de Promoción del Sector Agrario, que expiraría el 2021. La Ley se basa en lo que Ricardo Hausmann de Harvard más tarde teorizó como su gran recomendación para el crecimiento de los países en desarrollo: focalizar las políticas en las principales restricciones al crecimiento. En este caso, la falta de competitividad del sector agrario se debía a la inflexibilidad laboral y sobrecostos laborales que no se adecuaban con los procesos de trabajo de la actividad; y a la dificultad de obtener los retornos a la inversión por el plazo, riesgos, y carencia de servicios. Ese fue el enfoque de la ley. Los trabajadores reciben por lo menos el equivalente de la remuneración mínima, la CTS, y cuentan con el derecho al acceso a la seguridad social como cualquier otro trabajador. Si bien la flexibilidad clave de la ley es poder contratar por períodos determinados, hay que destacar que, según la Encuesta Nacional de Hogares, el 55% de los trabajadores agrarios en la costa que no han trabajado en la semana previa, afirman tener un trabajo al cual regresar, cuando en el 2004 era solo 16%.
La ley contribuyó con su principal objetivo. Las agro-exportaciones se multiplicaron por nueve desde el 2000, de US$ 687 a US$ 5,934 millones anuales con una creciente diversificación productiva alrededor de los clústeres regionales que se han formado. Lo que probablemente no se anticipó y resultó ser muy favorable ha sido el impacto sobre la formalidad laboral y el bienestar de los hogares rurales. Así, desde el 2004 el crecimiento del ingreso real de los trabajadores asalariados agrarios ha sido más alto que el resto de sectores. Los ingresos familiares se complementan también con la mayor participación de mujeres en el empleo de la agro-exportación. La pobreza de los trabajadores en la costa se redujo de 67% a 19%.
Obviamente que el mayor impacto ha sido en la costa por contar con mejores condiciones. De hecho, existen aún alrededor de 440,000 hectáreas por desarrollar en esta región. Sin embargo, en los últimos años, cooperativas y asociaciones de pequeños agricultores de la sierra y selva en café, cacao, y granos andinos también han logrado participar; con el acompañamiento de programas públicos del Ministerio de Agricultura y un mayor despliegue de infraestructura de caminos y telecomunicaciones. Las tendencias del mercado apuntan hacia productos nicho de la sierra y selva. Por ello tiene sentido prorrogar el régimen de promoción agrario. Si hay cambios al régimen que sean pensados en ampliar la participación de las zonas menos favorecidas, pero con gran potencial de la sierra y selva.
El costo de no prorrogar el régimen agrario empezará a ocurrir desde este año vía el canal de menor inversión dado el horizonte de tiempo para el desarrollo de las tierras y de los cultivos que sobrepasan el 2021.
1 Apoyo Consultoría ha sido asesor económico de AGAP
