Por: Marianne Fay, Directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y el Perú
El Comercio, 11 de marzo de 2021
En menos de dos décadas, el Perú pasó de ser un milagro económico a ser un país entrampado en sus propias dificultades. Entre el 2002 y 2013, el ingreso per cápita creció en una tasa promedio del 5.3% anual y la pobreza se redujo de 59% en el 2004 a 24% en 2013. Este período de auge estuvo respaldado por buenas políticas domésticas, como la estabilidad macroeconómica y la apertura al comercio global. Igualmente, el país se vio beneficiado por el crecimiento promedio de 12% anual de los precios de exportación. Sin embargo, después del 2013, cayeron los precios de los minerales, con lo que el crecimiento per cápita bajó a menos de un tercio, y se ralentizó la reducción de la pobreza. Si bien las buenas condiciones domésticas seguían siendo un factor importante, eran insuficientes para impulsar al país hacia el progreso compartido.
Algunas características estructurales, como la baja eficiencia de la gestión pública y la consecuente informalidad, estaban poniendo un freno al crecimiento. Las regulaciones excesivas y la escasez de bienes públicos, tales como carreteras en buen estado o el acceso a servicios básicos, perjudican el funcionamiento de las empresas al hacer muy costoso operar formalmente. En este contexto, más del 70% de los trabajadores peruanos laboran en la informalidad, mayormente en emprendimientos unipersonales o en empresas muy pequeñas. Al tratarse de negocios enfocados en la supervivencia, estas empresas tienen poco margen para la innovación tecnológica, lo que se traduce en un bajo nivel de productividad. Esto limita el crecimiento agregado y, a su vez, retroalimenta la baja eficiencia estatal, al incentivar la evasión tributaria y, de esa forma, perjudica los ingresos fiscales. Todo ello resulta en una restricción de las mejoras en la provisión de servicios públicos críticos, como salud y educación.
Estas debilidades estructurales promueven la desigualdad, y facilitan la corrupción. A pesar de ostentar el estatus de país de ingreso medio-alto, cerca de 5 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable. Además, los resultados de la evaluación internacional de alumnos PISA 2018 evidencian que un estudiante de 15 años del 20% más rico del Perú tiene una ventaja equivalente a 4 años de escolaridad sobre un estudiante del 20% más pobre. Por otro lado, al generarse un clima en el que resulta más sencilla y menos riesgosa la coordinación de la burocracia estatal con un reducido número de empresas formales, se crea un contexto favorable para la corrupción. Todas estas limitaciones también profundizaron las consecuencias del COVID-19, colocando al Perú entre los países más afectados a nivel global. En este caso, la debilidad de la gestión pública se manifestó en la precaria oferta de servicios de salud, en la deficiente provisión de servicios de agua y saneamiento y en la informalidad con la que se desenvuelve el servicio de transporte y buena parte del comercio minorista. Si a esto le sumamos las condiciones de hacinamiento en buena parte hogares peruanos, reunimos los factores necesarios para las más adversas consecuencias sanitarias. En este contexto, las autoridades decidieron promulgar una cuarentena estricta y prolongada que tuvo considerables efectos económicos.
En el marco de las elecciones que se avecinan, el Perú tiene una nueva oportunidad para iniciar la construcción de un país viable para todos sus ciudadanos. Esto pasa por una reforma del Estado que promueva la productividad y reduzca las desigualdades. Es decir, un Estado enfocado en la promoción del acceso a empleos formales y a las oportunidades que se generan a través de la provisión de bienes públicos de calidad. Para ello, son necesarias una serie de medidas que tengan como eje tres objetivos esenciales: (i) gestionar los recursos del Estado de manera prudente y oportuna, (ii) promover el acceso al desarrollo para todos los ciudadanos y (iii) facilitar los emprendimientos productivos. De lograr avances en estas áreas, Perú podrá retomar la senda del desarrollo inclusivo y sostenible. Sin duda, se trata de un gran reto y, para contribuir a superarlo, el Banco Mundial ha elaborado una serie de notas de política que publicaremos próximamente, denominadas “Repensar el futuro del Perú”, las cuales contienen recomendaciones claves para acompañar al país en este camino.
