Por: Diego Calmet Mujica, García Sayán – Abogados
Gestión, 4 de setiembre de 2019
Uno de los avances fundamentales de la Constitución de 1993 fue establecer explícitamente que la actividad empresarial corresponde al sector privado, y que el Estado solo participa subsidiariamente, por mandato de ley expresa, cuando es indispensable para el interés público (artículo 60).
El Estado a lo suyo; seguridad ciudadana y orden interno, salud y educación pública, infraestructura, regulación, etcétera. No puede gestionar adecuadamente lo que es su responsabilidad, y menos es un buen empresario.
Veamos el caso de Petroperú, que construye la Refinería de Talara a un costo de US$ 6,000,000,000.00 (sí, seis mil millones de dólares). ¿Cuántos colegios y hospitales se podrían construir con ese dinero? ¿Es más importante refinar petróleo que dar salud y educación a los peruanos? Los niños no comprenden los textos que leen y la gente se muere en los pasillos de los hospitales del Estado, pero el Estado se dedica a invertir recursos en actividades que bien puede hacer el sector privado, y hacerlo mejor. Es descabellado, casi un crimen (ojo que no estoy criticando a la actual administración de Petroperú, la que decidió seguir adelante considerando el enorme costo hundido de lo ya invertido en el proyecto).
Solo durante el periodo 1980-1991 los déficits acumulados de las empresas públicas y banca de fomento, a valores actuales, fue de casi US$ 12,000,000,000.00.
¿Cuántos hospitales, colegios, carreteras y puentes se hubieran podido construir con ese dinero? La banca de fomento, en los sectores hipotecario, industrial, agropecuario y minero, regalaba el dinero de los peruanos a algunos privilegiados que en muchos casos ni lo necesitaban. Era el dinero de los peruanos de a pie el que se regalaba. Aprendamos de nuestra historia para no cometer los mismos graves errores.
Las privatizaciones de las ineficientes empresas públicas no solo generaron ingresos al Estado, sino que, entre otros puntos, propiciaron mejores servicios, inversión muy significativa y empleo racional.
Resulta muy preocupante que sectores significativos de congresistas, políticos y hasta pretendidos precandidatos presidenciales sigan con el canto de sirena de las supuestas bondades de las empresas públicas, que tanto le han costado al Perú.
Lamentablemente, muchos políticos de la izquierda local aún creen en el modelo económico fracasado del velascato y el estatismo, y no entienden o no quieren entender que el modelo económico de libre empresa, en el cual el Estado no participa en la actividad empresarial ni compite con los privados, es el que más genera inversión, empleo real, eficiencia y crecimiento económico para beneficio del Perú.
El Estado debe fomentar y promover activamente la inversión privada y con ello una mayor competencia en el mercado para beneficio de los consumidores y usuarios. Mientras más ofertantes de bienes y servicios existan en el mercado, menores serán los precios para los consumidores.
Lamentablemente, hoy día en el Perú el costo de la formalidad es enorme en términos de tiempo y dinero. Conseguir permisos del Estado para ejecutar proyectos de inversión se puede convertir en un vía crucis para los empresarios, y peor aún, cuando los consiguen, el propio Estado no los respeta o no los hace respetar (caso Tía María). Ello explica los altísimos niveles de informalidad que perjudican a todos, menos a los informales.
Simultáneamente, el Estado, a través de las entidades reguladoras y de control de la libre competencia, debe velar por que no exista ninguna clase de abusos de los agentes económicos en perjuicio de los ciudadanos.
Debemos estar vigilantes y defender el principio constitucional de la Subsidiariedad del Estado en la actividad económica. En tanto este se mantenga, conjuntamente con estabilidad política y económica, un reforzamiento de instituciones clave como el Poder Judicial y una mejora de la educación pública, hay una luz de esperanza de que algún día pasaremos de ser país en vías de desarrollo a ser un país desarrollado.
Para tener empresas públicas se requeriría previamente como requisito indispensable un cambio cultural y ético profundo en el Perú, en base al cual se respete el interés común y el bien público.
