Por César Azabache Caracciolo
Para Lampadia
Odebrecht está obligada ante el Estado peruano a pagar un cronograma definido en el verano de 2019 por S/ 610 millones más intereses en 15 años. A finales del año pasado la procuraduría a cargo de sus casos decidió respaldar un pedido suyo para que se liberen a favor de la empresa S/ 523 millones, con lo que el cronograma quedó desprovisto de toda herramienta semejante a una garantía. Y el evento es grave, porque la base de un acuerdo de pago diferido consiste en respaldarse en intereses y garantías.
En el mismo movimiento Odebrecht logró que la fiscalía y la procuraduría declararan que los S/ 610 millones más intereses a pagar en 15 cuotas compensaban los daños cometidos por todos los casos mencionados en el acuerdo, no solo en los 4 originalmente declarados como marco de referencia.
En el último movimiento, registrado por los medios el 5 de febrero de 2020, Odebrecht, que ha venido repitiendo insistentemente que su patrimonio es deficitario y que no tenía cómo pagar una reparación fija o los gastos de análisis de sus bases de datos, saca de la chistera una demanda por la que parece pretender que el Estado le pague US$ 1,200 millones por la resolución del contrato del gasoducto del sur.
No hay errores en la cita. Odebrecht quiere que le paguemos US$ 1,200 millones. El contrato fue resuelto porque el consorcio que Odebrecht lideraba no pudo conseguir financiamiento a consecuencia de lo corrupta que había resultado ser la empresa, de modo que entiendo que Odebrecht no puede ganar ese proceso. Pero ese no es el punto.
Encuentro inaceptable que la procuraduría no haya logrado que Odebrecht renuncie a esta pretensión. Todos los que seguimos este proceso sabíamos que la pretensión existía, porque el gobierno jamás resolvió el problema de las inversiones originales del proyecto. Enagás, la empresa menos tocada por los casos de corrupción del consorcio, lanzó su demanda por lo mismo no bien comenzó el proceso. GyM retiró la suya, en un gesto de buena voluntad, antes de cambiar de nombre, es decir antes del ingreso de nuevos inversionistas. Y Odebrecht, que sostuvo formalmente que no tenía activos suficientes para afrontar sus deudas, la lanza ahora, y pretende que lo aceptemos como natural.
Vamos en orden. Los S/ 610 millones más intereses que forman la reparación aceptada a favor del Estado representan a valor presente bastante menos que los S/ 523 millones liberados a su favor a finales del año pasado. Por eso no debieron ser liberados. Los US$ 1,200 de esta demanda valen, siguiendo criterios usuales, aproximadamente US$ 112.5 millones a valor presente (un juicio vale la mitad porque puede perderse, algo menos si la pretensión es poco creíble y algo menos por el tiempo que toma resolverlo). Solo lanzar la demanda representa ya la exhibición de un activo que a valor presente vale más o menos S/ 371.25 millones. En condiciones normales, es decir, en un caso distinto, sería incluso un buen negocio comprar la pretensión de Odebrecht a ese valor. Pero ¿a alguien se le ocurre que el Estado peruano va a liberar a favor de Odebrecht S/ 371.25 millones más?
¡Por favor! Si nadie en la procuraduría notó que las notas al balance de Odebrecht deben registrar una nota sobre este caso, o que en el Ministerio de Energía y Minas hay una file con los antecedentes de esta pretensión o que Enagas, uno de los dos socios de Odebrecht tiene hace tres años lanzado un caso semejante, entonces ya no entiendo nada. Primero la liberación de los S/ 523 millones y ahora la presentación de la demanda de esta envergadura. La secuencia nos deja en un ridículo que merece una película de mejor calidad.
¿No pensarán allanarse a esa demanda verdad?
Esta soga debe romperse ya. Y nosotros no tenemos por qué ser el lado más débil.
Cuando se negocian acuerdos de este tipo los solicitantes están obligados a mostrar sus cartas. Una expectativa de US$ 1,200 millones forma un activo importante aunque sea intangible. En las negociaciones Odebrecht debió revelar que tenía esa demanda en la cartera. No de manera encubierta o disfrazada sino de manera clara, poniendo las cosas sobre la mesa. Ahora Odebrecht probablemente pretenda decir que este asunto estaba reflejado en sus notas al balance, de manera que no haberlo notado fue responsabilidad de la procuraduría. Pero esto sería equivalente a tender una trampa. Anotar en un balance que hay un activo por revisar no es lo mismo que anunciar que hay una demanda por presentar. GyM, por ejemplo, reveló que tenía una demanda semejante en cartera y renunció a su pretensión para que su acuerdo se apruebe. Acá debió pasar lo mismo. Si la procuraduría prueba que esa revelación no se hizo claramente entonces este es un caso de fraude en la negociación y la procuraduría tiene el derecho a ir al juez, denunciar el fraude y pedir la revisión judicial de las condiciones económicas del acuerdo.
Si la cuestión de la reparación es subordinó a la cuestión sobre las pruebas en la primera parte de este asunto, toca ahora hacer lo contrario: subordinar el caso a las necesidades de la reparación. No tiene ningún sentido pagar US$ 1,200 millones por esto. Lampadia
