Por: Camila Bozzo
Perú21, 6 de mayo de 2021
Mientras el fragor histérico y maniqueo de la campaña nos absorbe a todos, en el Congreso sucede algo positivo: avanza un proyecto crucial en la lucha contra el crimen organizado. Un proyecto que venía deambulando por años a causa de la más cristalina de las resistencias.
Este proyecto, que ya tiene un dictamen recientemente aprobado en la Comisión de Economía, propone otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la SBS, el acceso directo (sin autorización judicial) a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, con el fin de fortalecer sus funciones de inteligencia financiera. En el Perú la delincuencia organizada (narcotráfico, corrupción, terrorismo, minería y tala ilegal) maneja ingentes cantidades de dinero a través del sistema financiero y, en la gran mayoría de casos, opera impunemente y sobrepasa la acción estatal. Esta norma permitirá que la UIF detecte con mayor facilidad las operaciones de lavado y comparta esa información con la Fiscalía.
A pesar de las férreas resistencias y gracias a la presión ciudadana, en 2016 el Congreso ya aprobó un proyecto enviado por el gobierno de Kuczynski para que la UIF acceda a esta información previa autorización judicial. Sin embargo, ese proceso ha demostrado ser lento y engorroso, y mientras la UIF espera semanas, o incluso meses, la aprobación judicial, las organizaciones criminales operan a sus anchas e impiden la acción de la justicia. En esto estamos a la zaga; todas las UIF de la región, salvo en Perú y Chile, tienen acceso a esta información.
Esta semana la Comisión de Constitución decidió avanzar con el dictamen aprobado en Economía e invitó a destacados constitucionalistas, quienes confirmaron que es viable aprobar a través de una ley (sin reforma constitucional) el acceso directo a esta información. Este Congreso tiene la oportunidad de aprobar esta ley y así contribuir de manera contundente a la lucha contra la organización criminal.
