Por: Camila Bozzo
Perú21, 16 de junio de 2021
Confieso que le tengo mucho miedo a un gobierno de Castillo. Creo que, a pesar de los intentos de Francke por disipar la zozobra que un eventual gobierno suyo genera, sigue siendo un enigma el derrotero que Castillo seguirá y no es disparatado pensar que tratará de aplicar su agenda totalitaria y estatizadora; más aún si hasta el momento no deslinda de Cerrón y sus correligionarios.
Sin embargo, el riesgo que entraña un eventual gobierno de Castillo no puede llevarnos a abrazar posiciones antidemocráticas y abiertamente anticonstitucionales. Pedir que se anulen las elecciones para que luego se vuelvan a convocar, tal como lo han hecho el excongresista Víctor Andrés García Belaunde y el congresista electo Jorge Montoya (secundados, además, por otros), no tiene sustento legal ni constitucional. Y hacer un llamado a los cuarteles para que el Ejército intervenga en una contienda que se está desenvolviendo en el fuero administrativo electoral es igualmente anticonstitucional y, además, temerario.
Es el Jurado Nacional de Elecciones, y ningún otro fuero, el que tiene la última palabra. Una vez que las nulidades se resuelvan en ese fuero, el ganador debe ser proclamado presidente. No hay otra opción posible.
Declaraciones como estas, además de proponer un quebrantamiento del orden constitucional, enrarecen el ambiente y exacerban a un país partido en dos. Los valores democráticos deben respetarse en toda circunstancia, y no solo cuando a uno le conviene, como si fueran un comodín.
A quienes no votamos por Castillo lo que nos corresponde ahora es respetar las reglas del juego y no patear el tablero. Y si él resulta ser el ganador, como todo parece indicar, lo que toca es convertirnos en una oposición vigilante, crítica, militante y democrática.
