Por Diego Díaz Pastor
(Gestión, 07 de Noviembre del 2014)
La devastación causada por la minería ilegal en zonas de la selva peruana como Madre de Dios, donde se deforestaron miles de hectáreas de bosques nativos y contaminaron gravemente los recursos hídricos y la deforestación asociada a la tala ilegal, son amenazas contra el medioambiente. Esto ya que los bosques cumplen un rol central en la conservación de la biodiversidad que alojan y en la captura de carbono, función relevante en el escenario actual de calentamiento global.
Esto ha implicado un mayor interés de parte del Estado por implementar políticas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, una mayor fiscalización sobre las actividades ilegales que podrían poner en riesgo dichos recursos y la protección de áreas naturales. Al respecto, el sector forestal engloba a un conjunto de actividades con impacto directo en el uso sostenible de los bosques: la tala de árboles y la extracción de productos no maderables en bosques nativos y plantaciones forestales; por lo que la dirección que tome en los próximos años debe ser de especial interés.
A pesar de su gran potencial – contamos con la segunda mayor superficie de bosques naturales entre los países de América Latina y la número nueve a nivel mundial – este ha quedado relegado a la producción de bienes de bajo valor agregado y a un alto nivel de informalidad / ilegalidad en su cadena de valor. De acuerdo al Ministerio de Agricultura (Minagri), la producción maderable alcanzó los 7.9 millones de metros cúbicos en el 2012, de los cuales aproximadamente el 89% fueron destinados a leña.
Diversos factores han dificultado el desarrollo del sector forestal, entre ellos destacan la deficiente infraestructura de transporte entre los centros de producción maderera y los principales mercados, y las dificultades de financiamiento para los agentes del sector, lo cual permitiría realizar inversiones que otorguen valor agregado a su producción. Asimismo, el fraccionamiento de la política del Estado, que otorgó competencias a los gobiernos regionales en materia de planificación y promoción del uso sostenible de los bosques, lo cual, sumado al exceso de trámites burocráticos y la limitada capacidad de supervisión de los organismos nacionales, habría fomentado la expansión de actividades ilegales en el sector.
Afortunadamente, en los últimos meses el Minagri ha venido trabajando en el reglamento
de la Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, la cual busca fortalecer la institucionalidad forestal y mitigar los cuellos de botella que dificultan el desarrollo del sector. Esto incluye, entre otros, otorgar un enfoque ecosistémico a las concesiones forestales, la creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la simplificación de los procesos administrativos.
Si bien la iniciativa es adecuada, esta no sería suficiente para otorgar el impulso que el sector necesita para alcanzar las optimistas metas planteadas por el Minagri hacia el 2021: US$ 1,500 millones de producción de madera de concesiones forestales, US$ 3,000 millones anuales de inversión privada en plantaciones forestales y 100 mil puestos de trabajo al año. La experiencia internacional ha mostrado que una política forestal coherente y estable y un buen clima para las inversiones no son suficientes para darle el impulso necesario a la inversión privada en plantaciones forestales comerciales. ¿Hay una falla de mercado?
Debido a los riesgos inherentes a la actividad –son inversiones de largo plazo con un período de maduración de mínimo cinco años para su aprovechamiento comercial– es necesario que el Estado diseñe intervenciones eficientes que permitan un mayor interés de los inversionistas por esta alternativa de desarrollo del sector. Diferentes regiones cuentan aún con importantes extensiones de tierras aptas para reforestación, de acuerdo al Minagri estas ascenderían a 9.5 millones de hectáreas. Si consideramos que actualmente sólo se han desarrollado aproximadamente 30,000 ha de plantaciones, es claro que el potencial de crecimiento en esta actividad es altísimo.
De acuerdo a la FAO (2004), existen incentivos directos e indirectos que pueden impulsar la inversión en plantaciones. Entre los directos se cuentan diversas formas de subsidios estatales a los insumos utilizados (semillas, fertilizantes, etc.), reposición de parte de la inversión inicial (Chile, Colombia y Ecuador reponen el 75% de los costos de plantación), facilidades para el financiamiento de largo plazo, entre otros. Los incentivos indirectos pasan por asegurar los derechos de propiedad de los inversionistas, promover la creación de clústeres industriales en los que se dé valor agregado a la producción forestal (maderas, pulpas, no maderables, etc.), mejoramiento de la infraestructura de transporte y fomento de la investigación.
En este sentido, el nuevo esfuerzo del Estado por modernizar la política forestal debe otorgar especial atención a la promoción de la inversión privada en plantaciones forestales, actividad en la que nuestro país tiene un gran potencial y que ha permitido un crecimiento exponencial del sector en países de Latinoamérica que ya han implementado intervenciones como las mencionadas previamente. El impulso de esta actividad es positivo a nivel económico y ambiental, entre los beneficios destacan: creación de empleo en zonas rurales, crecimiento de las exportaciones, mejoras en el bienestar de la población de las áreas de influencia de las plantaciones, protección y rehabilitación de suelos, incremento de la captura de carbono, reducción de las presiones sobre los bosques nativos y uso sostenible de los bosques.
