Por: Jorge Peschiera Cassinelli
Expreso, 16 de abril de 2021
En cada nueva elección los opositores del fujimorismo vuelven a desempolvar acusaciones de todo tipo, muchas de ellas infundadas o distorsionadas. Una de las que más se repite es que durante el gobierno de Alberto Fujimori desaparecieron seis mil millones de dólares, producto de las privatizaciones y que, al final de su gobierno, el Estado quedó sin recursos, es decir “con la caja vacía”.
¿Pero cómo desapareció ese dinero? ¿Dónde está la plata?
¿Por qué no empezar buscando la información oficial? El Banco Central de Reserva (BCR) viene reportando las cuentas fiscales desde 1995. Una de las series estadísticas que explica el financiamiento del Estado es la denominada “Financiamiento Neto – Privatización”. Esta serie, que se muestra en el cuadro 1 para el período 1995 a 2000, indica cuánto dinero proveniente de las privatizaciones sirvió para financiar el Presupuesto Público.
Como se puede apreciar, la mayor parte del dinero que supuestamente desapareció sirvió para financiar el Presupuesto Público. Los dispositivos legales relacionados con las privatizaciones permitieron el uso de los recursos obtenidos para ciertos fines, lo cual se efectuó dentro del marco presupuestal del Estado.
En junio de 2002 la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros del Congreso de la República durante el gobierno de Alejandro Toledo, presidida por Javier Diez Canseco, presentó su Informe Final. Dicho informe contiene, en su página 25, un cuadro cuya fuente es el MEF con cifras a setiembre de 2000, cuyos totales se resumen en el cuadro 2.
Como se ve, aparte de los 4,363 millones de dólares que se destinaron a financiar el Presupuesto Público, 2,087 millones de dólares procedentes de la privatización fueron aportados a tres fondos del Estado: el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), el Fondo Nacional de Ahorro Público (FONA HPU) y el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF).
En resumen, en el Informe Final de la Comisión Investigadora se señala que, como producto de las privatizaciones, se recibieron 6,445 millones de dólares más 706 millones de dólares en intereses. Estos ingresos totalizaron 7,151 millones de dólares que se utilizaron de la siguiente forma: 4,363 millones de dólares fueron usados para financiar el Presupuesto Público, 2,087 millones de dólares fueron transferidos a fondos del Estado, 168 millones de dólares fueron reportados por el MEF como devoluciones dentro del proceso de privatización y 523 millones de dólares quedaron como saldo a favor del Fondo de Privatizaciones. En conclusión, quedó plenamente documentado el destino íntegro del dinero de las privatizaciones.
Respecto al uso de fondos de privatización para financiar el Presupuesto Público, las cifras de ambas fuentes son muy similares. La relativamente pequeña diferencia entre los 4,723 millones de dólares que reporta el BCR y los 4,363 millones de dólares reportados por el MEF a la Comisión Investigadora, puede deberse a que el periodo comprendido por el BCR cubre todo el año 2020, mientras que las cifras de la Comisión Investigadora no incluye los meses de octubre a diciembre de ese año. Además, esa diferencia puede deberse , en parte, a imperfecciones generadas al convertir las estadísticas del BCR de soles a dólares, usando el tipo de cambio promedio anual.
Como se aprecia, aún una comisión del Congreso creada expresamente con el fin de buscar delitos y culpables, encontró debidamente sustentado el destino de todos los recursos recibidos en las privatizaciones. Si bien la comisión hizo diversas críticas sobre el proceso de privatización, dicha comisión no determinó que hubiera algún faltante ni hizo acusación alguna al respecto.
Con relación a la situación financiera del Estado, al finalizar el gobierno de Fujimori el Sector Público mantenía en el BCR depósitos por un total de 2,693.7 millones de dólares, distribuidos como se muestra en el Cuadro 3.
Las cifras del Cuadro 3 no incluyen los depósitos del Sector Público en otras entidades financieras del país como, por ejemplo, los más de 500 millones de dólares aportados por el Estado al Fondo MiVivienda en 1999, que sustentaron su crecimiento hasta estos días.
Los depósitos del Sector Público en el BCR representaban tan solo una parte de las reservas internacionales netas del BCR, que a fines del año 2000 ascendían 11,437 millones de dólares, en contraste con el saldo negativo que encontró Alberto Fujimori cuando fue elegido en 1990. Por consiguiente, no se puede decir que al final de su gobierno Fujimori dejó “la caja vacía”, como se ha repetido, falsamente, muchas veces. Quien encontró la caja vacía fue Fujimori al inicio de su gobierno.
Durante el Gobierno de Alejandro Toledo, el Estado contrató a la firma Kroll para investigar a Alberto Fujimori a nivel mundial, pero nunca se dieron a conocer los resultados de esa investigación. No queda otra cosa que suponer que no se encontraron evidencias o indicios de corrupción por parte de Fujimori o sus familiares y allegados. Además, en la extradición y posterior juicio contra Alberto Fujimori no se le acusó por el uso de estados fondos.
Como se aprecia, el uso del dinero recibido por el Estado en las privatizaciones de los años 90 está plenamente sustentado en las cifras oficiales del Estado, corroboradas por comisiones investigadoras del Congreso de la Republica, presididas por duros opositores a Fujimori, sin que se detectara faltante alguno. Por lo tanto, es falso afirmar que “desaparecieron 6,000 millones de dólares producto de las privatizaciones” y que Fujimori se llevó ese dinero dejando “la caja vacía”. Afirmaciones como esa deberían dar lugar a querellas por difamación que contribuirían a un correcto análisis histórico y a valorar con justicia esta parte del legado de Alberto Fujimori.
