Iván Alonso, Economista
El Comercio, 2 de diciembre de 2016
Ha hecho bien el gobierno en eliminar una serie de requerimientos absurdos, tales como la obligación de enviar copias de los contratos de trabajo al ministerio. Muy buena también la iniciativa de crear el portal dimetutraba.com para que la gente reporte los obstáculos que la administración pública pone delante suyo. Ojalá haya quien pueda removerlos más rápido de lo que les tome a las municipalidades y ministerios poner otros en su lugar. Pero ya que estamos en eso de destrabar y simplificar, hay que reconocer que el sector privado también tiene un rol, voluntario o involuntario, en esta comedia de equivocaciones que se ha dado en llamar “tramitología”.
Vayamos, para empezar, al banco a cobrar un cheque:
–Buenos días, señor. ¿En qué lo puedo ayudar?
–Buenos días, señorita. Vengo a cobrar este cheque.
–Sí, cómo no. Tiene que endosarlo.
Sh-sh-sh, hace uno su garabato, anota debajo su DNI, y se lo entrega.
–Ponga aquí, por favor, su nombre completo.
–¿Para qué, señorita, si es el mismo que está en la parte de adelante? Puede usted ver que coincide con el DNI.
–Sí, señor. Lo que pasa es que tiene que ponerlo también en la parte de atrás.
“Lo que pasa” no conduce a una explicación, sino a una reiteración. Y si uno sigue volteando las cartas, tarde o temprano se va a encontrar con el comodín: es por seguridad. Por supuesto. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Alguien que roba un cheque y trata de cobrarlo es perfectamente capaz de falsificarle la firma, pero no de escribir el nombre de su víctima.
El costo por cheque de tanta formalidad es trivial –no más de cinco segundos y un miligramo de tinta–, aunque multiplicado por los cinco millones de cheques girados en el país anualmente podría no ser despreciable. Pero el punto no es ése, sino que el requisito es un sinsentido.
En descargo del banco, tenemos que contemplar la posibilidad de que el despropósito obedezca no a la inspiración de algún genio creativo en el departamento legal, sino a una exigencia de los reguladores. Quizás como una medida de protección del consumidor o para prevenir el lavado de activos. Todo puede justificarse de esa manera hoy en día.
Otro ejemplo de lo complicado que puede ser lidiar con el sector privado. Salió el iPhone 7. Marchamos jubilosos a cambiar el celular. Solamente queremos un juguete nuevo; el mismo número, el mismo plan. Pero nada es tan sencillo en el mundo de las telecomunicaciones (o, por lo menos, no lo era la última vez que este columnista hizo un trámite semejante). Puede demorar una hora, sin contar la cola.
Un contrato –que casi nadie lee– por el equipo y otro por el cambio de plan, que no era nuestra intención, pero que es una condición para obtener el equipo a un precio descontado. La compañía está en su derecho, pero ¿es necesario hacernos firmar cuatro copias de cada contrato y poner ocho veces la huella digital? ¿Qué se hace con tantos papeles? ¿Dónde se guardan?
Cabe suponer que la compañía ha calculado cuánto podría ahorrarse en impresión y almacenamiento de formularios, razón por la cual tenemos que contemplar, otra vez, la posibilidad de que esté solamente cumpliendo las directivas del regulador. En cualquier caso, debe de haber alguna manera de documentar los cambios de equipos y planes para evitar futuros reclamos que sea menos onerosa para la compañía y menos tortuosa para el consumidor.
