Roberto Abusada Salah, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 17 de noviembre, 2015
Sin duda el escándalo más grave que ha desnudado nuestro deterioro institucional ha ocurrido la pasada semana en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la importantísima entidad constitucional que nombra a jueces y fiscales, pero que pocos peruanos conoce. En cambio, en el tema que involucra a miles de aportantes al Sistema Privado de Pensiones una inopinada y errónea “tabla de mortalidad”, publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que pone la esperanza de vida de los peruanos por encima de la de los países más desarrollados del mundo (lo que sugiere una potencial reducción en la pensión), ha despertado el apetito de congresistas a la caza de votos para aprobar en la Comisión de Economía un dictamen que permitiría a los aportantes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) retirar casi todo su fondo acumulado (95,5%) al cumplir la edad de retiro.
Se trataría de un cambio fundamental y de insospechadas consecuencias para todo el sistema pensionario, impulsado en medio de la campaña electoral sin un debate amplio e informado. Con el afán de ganar votos, se deja de lado una vez más el comportamiento responsable para dar pase a decisiones que “gustan a la calle”.
Existirá siempre la discusión si el ahorro previsional deba ser obligatorio o no. Muchos argumentan que hacerlo obligatorio equivale a partir de la premisa de que el trabajador es irresponsable o ignorante. Se duda que este ahorre e invierta de la mejor manera que crea conveniente en educación, vivienda, formar una empresa o cualquier otro fin.
Otros opinan que debe existir un ahorro previsional obligatorio para solventar una pensión cuando termine la vida laboral, pues de otra manera el Estado tendrá siempre el lastre de tener que mantener al trabajador menos previsor.
Incluso existen propuestas que sugieren que un país como el Perú no debe arriesgar su futura solvencia fiscal al tener que sostener a una gran masa de ciudadanos sin pensión y que deben subir impuestos (digamos 2 puntos al IGV) para solventar una pensión mínima que beneficie a todo ciudadano del país que haya ahorrado o no.
De hecho, el programa Pensión 65, con casi medio millón de beneficiarios, se acerca ya al total de jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y más que triplica a los del sistema privado.
Pienso que todos estos argumentos tienen algún mérito y que el sistema peruano de pensiones puede ser mejorado sustancialmente para resolver su ínfima cobertura. Quizá hay que añadir una pata más en el sistema en la forma de una pensión solidaria para quienes no contribuyeron a su jubilación.
También creo que la “reforma” de hace dos años y aprobada extrañamente en la Comisión de Defensa del Consumidor en vez de la de Economía ha sido de naturaleza limitada. Existe la necesidad de trabajar en mejorar la competencia del sistema y eliminar la sobrerregulación asfixiante de la SBS que no permite, entre otros defectos, que las AFP compitan también en lograr mayor rentabilidad y con menor riesgo.
Dicho esto, hay que admitir que el sistema privado en sus 20 años de funcionamiento ha construido un fondo previsional en el que casi la mitad está constituida por rentabilidad (de algo más de 7% anual en términos reales), lo que permite entregar una pensión promedio superior en más de 60% a la correspondiente en el sistema público.
Mi objeción en todo este debate se centra en la actuación precipitada de la SBS y la actitud del Congreso de querer introducir un cambio mayúsculo al sistema sin someterlo a una discusión seria. Se ofrece el retiro inmediato de fondos cuando existen ya modalidades de retiro programado bajo las cuales el trabajador puede retirar hasta la mitad de todo lo acumulado en solo cinco años y seguir beneficiándose de la rentabilidad para luego adquirir una anualidad vitalicia.
Al facilitar el retiro inmediato, la Comisión de Economía está prácticamente quitándole sentido al sistema de las AFP, manteniendo en el sistema público a los trabajadores aportantes sin la facilidad de retirar de golpe todo el fondo que les correspondería a menos que migren al sistema privado. Las implicancias para el sistema público en la ONP serían, por tanto, otro tema a debatir.
La inquietante tabla de mortalidad ya no se aplicará, Daniel Schydlowsky renunció a la SBS y será reemplazado según ley. Lo sensato y responsable es esperar y enfrentar el tema pensionario integral pasadas las próximas elecciones.
