Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 15 de setiembre de 2016
Dos postales tragicómicas de las últimas elecciones generales pintan de cuerpo entero la precariedad de nuestro sistema electoral. En una, el presidente acciopopulista declara que no conoce a su candidato. No dice que no ha tenido la oportunidad de frecuentarlo como hubiera querido o que no se ha adentrado con él en discusiones ideológicas con la debida profundidad. No lo conoce y punto: nunca lo ha saludado.
En otra, el excluido-sin-su-conocimiento candidato Daniel Urresti trata de renunciar a su partido pero no puede. Nadie le recibe la carta en el modesto local del nacionalismo, en Jesús María, porque –simbólicamente– está cerrado por fumigación. La pasa por debajo de la puerta y se va.
A ello hay que sumar, como divulgó el programa Verita de la ONG Transparencia, la existencia de 59 candidatos con antecedentes penales y otros 70 con sentencias por materias civiles. O el hecho de que solo 18 de 26 partidos cumplieron el pasado agosto con presentar información financiera a la ONPE.
No hay que permitir que pase mucho tiempo y nos olvidemos de todo lo malo que vivimos en las últimas elecciones, incluyendo la extrema fragilidad que trajo la prohibición de las dádivas electorales, que puso en suspenso a varios candidatos hasta la misma semana de la elección.
Por ese motivo, hay que aplaudir que los temas de reforma electoral y del sistema político se hayan puesto en la agenda del nuevo Congreso apenas instalado. Ya se ha nombrado un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Constitución y se han presentado los primeros proyectos de ley.
Dos provienen de representantes apristas. El primero comprende la creación de dos cámaras legislativas y la renovación de ambas por tercios; y el segundo, la prohibición de que los congresistas que renuncian a su bancada puedan integrar otro grupo parlamentario. Una medida que castiga el transfuguismo. Otro ha sido planteado por el Frente Amplio y establece la obligación de que el JNE fiscalice las elecciones internas de los partidos.
Otras ideas que están rondando en el Congreso tienen que ver con establecer el voto facultativo y permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, así como introducir limitaciones al blindaje que ofrece la inmunidad parlamentaria.
Adicionalmente, existe una lista amplia y ambiciosa de reformas que ha planteado Transparencia, que incluye elementos valiosos como la eliminación del voto preferencial, la elevación de la valla electoral para las alianzas y la obligación para los partidos de participar en todas las elecciones.
A todo lo anterior nos permitimos sugerir un requisito más: la exigencia de que los candidatos presidenciales tengan algún plazo razonable de inscripción previa en el partido que los propone.
Idealmente, de todas estas iniciativas debería salir un conjunto ordenado de reformas que fortalezca la institucionalidad política y electoral, más que una colección dispersa de proyectos desconectados entre sí. Esto último es una responsabilidad de la Mesa Directiva y de los integrantes de la Comisión de Constitución que ojalá sepan cumplir sin intereses partidarios.
Lo cierto es que la ciudadanía está cansada de la clase política y harta de la poca calidad de nuestros procedimientos electorales. Lo único bueno de haber caído tan bajo es que la necesidad de cambios parece finalmente impostergable.
Así como la economía necesita empresas cumplidoras y responsables para funcionar, el mercado político requiere partidos similarmente estructurados y serios para producir una democracia de mejor calidad.
