Por Mariella Balbi
Perú 21, 26 de setiembre de 2018
El domingo por la noche el presidente Vizcarra anunció que exigiría la cuestión de confianza al Parlamento sobre los 4 proyectos de reforma política y judicial. (Foto: Congreso de la República)
En los últimos 20 años hubo pocos referendos en América Latina. Solo el de la dictadura venezolana sirvió para modificar la Constitución. Los otros versaron sobre la aprobación de la paz con las FARC, o el respaldo, o no, a Pinochet. Nuestro referéndum del 9 de diciembre, que según la exigencia del Ejecutivo el Congreso debe dejarlo listo sí o sí el 4 de octubre con la aprobación de las cuatro leyes, sabe a farsa.
La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) obtuvo más de 100 votos en el Parlamento. Si hay consenso, más de 87 votos, para bicameralidad, no reelección de congresistas y financiamiento de los partidos políticos prima –aun si fuera solo para dos temas–, ¿por qué tenemos que gastar plata en el tal referéndum?
La actitud caprichosa del gobierno quiere fortalecer la imagen de un Ejecutivo que arrea al Congreso, de paso lo desacredita y así obtiene réditos. Ahora el presidente dice que ya no cerrará el Congreso, pero la alharaca que hizo fue para denigrarlo y ‘venderlo’ como ocioso e inservible. Juego peligroso, ciertamente.
El referendo no detendrá ni un ápice a la corrupción, lo saben en el Ejecutivo. Se trata de marear a los fujimoristas que no tienen reflejos políticos para detener el embate en su contra. Se comenta que en Palacio todos saben que la bicameralidad es la posibilidad imposible. Pero que insisten en ella para neutralizar, aislar y paralizar al torpe fujimorismo.
El número de diputados planteado por el gobierno resulta ser la cuadratura del círculo, 100 elegidos no podrán representar a 30 millones (los niños no votan pero sufren las consecuencias). Muchos exigen que en la cédula del referéndum –incógnita que creará una gran polémica– se diga: Está usted de acuerdo con una cámara de diputados con tantos representantes, lo mismo para senadores.
La campaña del gobierno presenta a los congresistas como una peste, además de innecesarios. Entonces, debemos saber si pagaremos a 180, 170 o a 130 parlamentarios. Determinar el número en una posterior ley de desarrollo constitucional sobre la cual no votaremos, es tongo y engañifa.
El Ejecutivo se autocondecora como el paladín de la lucha anticorrupción.
Pero cuando investigan a congresistas ‘pepekausas’, probablemente involucrados en la compra de votos, se grita: ¡persecución política! La investigación se inició en la gestión de Pablo Sánchez y la acusación constitucional indica organización criminal.Igualmente, cuando al procurador dizque anticorrupción le preguntan por dos visitas al presidente en Palacio, dice que los procuradores dependen en segunda línea del presidente. Plof, replof. Se papeó al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y al premier. Provecho.
