Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 29 de setiembre de 2016
La noticia de la supuesta reducción de sueldos, derivada de una sentencia de la Corte Suprema, ha servido como globo de ensayo para medir los ánimos en torno a cualquier conato de reforma laboral. El resultado ha sido catastrófico. Parece que no habrá forma de destapar esa olla sin que salten los sensacionalistas y demagogos.
Empezando por varios medios de comunicación, que prácticamente anunciaron un recorte inminente de remuneraciones para toda la PEA ocupada de Lima, Callao y balnearios. Los marchantes de rigor convocaron también su manifestación al estilo ‘ley pulpín’, probablemente sin haber leído mucho más que los titulares de algunos diarios.
Lo más serio ha sido los pronunciamientos de políticos y congresistas, aprovechando el momento para marketearse como defensores de los trabajadores.
En medio de ese zafarrancho, no quedó mucho espacio para analizar si esa sentencia era un precedente vinculante, si las condiciones de la empresa involucrada eran particularísimas y si efectivamente no hubo consenso con el trabajador supuestamente afectado.
Por el contrario, la contraola ha venido con fuerza. Ya se presentó un proyecto de ley para impedir que los sueldos se puedan reducir y punto. Con acuerdo o sin acuerdo.
No importa si la empresa padece dificultades serias y los trabajadores aceptan ajustarse; no importa si el empleado no desea continuar como chofer pero quisiera pasar a otro puesto menos remunerado antes que perder su empleo; no importa si una mamá prefiere trabajar unas horas menos para ver a su recién nacido a cambio de una remuneración menor.
Existen infinidad de circunstancias en las cuales empresa y trabajador estarían de acuerdo en reducir remuneraciones. ¿Por qué el Estado lo va a prohibir? ¿Solo para que algunos políticos se luzcan como paladines de la justicia social?
Con poca coherencia, además, porque este proyecto viene promovido por don Jorge del Castillo, quien siendo presidente del Consejo de Ministros firmó en julio del 2008 el Decreto Legislativo 1086. Esa norma establecía que vía decreto supremo se podían fijar remuneraciones para las microempresas por debajo de la remuneración mínima vital. ¡Imaginen esa herejía!
No es fácil encontrar la razón por la cual en el 2008 era razonable la flexibilización de los sueldos (incluso por debajo del “sueldo mínimo”) pero en el 2016 se debe impedir una cosa similar.
Todo lo cual ocurre en un contexto en donde la normatividad laboral sigue brotando incontenida. Siempre con la creencia de que todas las empresas en el Perú son malvadas, explotan a sus trabajadores y tienen la capacidad administrativa de soportar más obligaciones.
Ni siquiera el oficialismo se salva, a pesar de que pretende reducir la informalidad en el trabajo. Ahora mismo se cocina un proyecto en la bancada ppkausa para disponer la igualdad salarial de hombres y mujeres.
Un objetivo magnífico, por supuesto. Pero dado que existen diferencias no relacionadas con el género (educación, experiencia, calificaciones), se pretende imponer a las empresas la formalización de su política salarial (requisitos, ascensos, condiciones, puntajes, valoración de capacidades) para minimizar cualquier posible discriminación. Un tratado de compensaciones, para que lo fiscalice la Sunafil.
Mal negocio, en resumen, la divulgación sensacionalista de esta sentencia de marras. Ha sido un toque de diana para despertar la demagogia laboral. Frente a ello, la disparatada ocurrencia de la congresista Leyla Chihuán para que las empresas regalen un día libre a los trabajadores que donen sangre hasta parece una cosa tierna. Tan patética que la deberían aprobar.
