Por: Federico Salazar, Periodista
El Comercio, 7 de julio de 2019
La corrupción dejó agujeros que hasta ahora no podemos tapar. Los derechos de las personas dejan de estar protegidos. El Estado incumple su función primordial.
El caso Keiko Fujimori es ejemplar. Cumple prisión preventiva, pero parece condenada a quedar tras las rejas.
La fiscalía pidió prisión preventiva basándose en el cargo de obstrucción a la justicia. Ella habría incentivado a testigos a mentir sobre aportes falsos a la campaña de su partido.
Es una acusación grave. Desde mi punto de vista lego, no hay, sin embargo, evidencia o indicio específico sobre la autoría del hecho. Hay un dicho acusatorio (un testigo protegido) y una suposición genérica (‘ella tuvo que dar esa orden’).
Los fiscales, por supuesto, hacen su trabajo. Ellos acusan, y deben acusar. El que tiene que valorar la acusación es el juez. La motivación del juez de primera instancia, en este caso, no reveló un criterio certero de juzgamiento.
El juez avaló los criterios de la fiscalía, pero no los juzgó. En segunda instancia se detectaron algunos vicios formales en la resolución del juez. A pesar de ello, se confirmó la prisión preventiva.
Los magistrados pusieron el peso de la decisión en la obstaculización de la justicia. El fundamento 93 de la resolución concluye que “existe una conducta concreta y actitud de la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi para materializar un riesgo razonable de obstaculización en esta investigación…” (Exp. 00299-2017-36-5001-JR-PE-01).
Lo que hay al respecto, sin embargo, es el dicho de un testigo sobre recojo de dinero de la tesorería del partido, supuestamente por orden de Fujimori. A ello se agrega una serie de criterios, muy subjetivos, sobre la verticalidad del mando en esa organización política.
“Conducta concreta” no es igual a “dicho sobre conducta concreta”. Para determinar “conducta concreta” se tendría que mostrar un correo electrónico, una grabación con la voz de la imputada o un video de ella dando esa orden para ese fin.
No hay eso. Hay sospechas. Serias sospechas sobre hechos muy graves, que por supuesto deben ser investigados. Tratándose de sospechas, no obstante, corresponde que se investigue en libertad.
Si la sala hubiera advertido la debilidad del razonamiento juzgador, habría sido acusada de fujimorista.
Hemos conocido los extremos de la corrupción. Hay miembros de Fuerza Popular que son protagonistas. Hay, por eso, una reacción contra todo lo que se asocie a la corrupción.
La tendencia a rechazar los actos de corrupción, legítima y necesaria, lleva, sin embargo, a extremos. Muchos adoptan una posición moralista que no tiene nada que ver con las estrictas exigencias de la justicia y la imparcialidad. Es un moralismo inmoral.
¿Quién se atreve a decir “el proceso contra Keiko Fujimori está mal”?¿Y qué consecuencias asumirá el que lo dice? Se le va a decir “fujimorista” y se le va a decir “corrupto”.
Como nadie quiere que le digan “corrupto”, entonces muchos miran a otro lado, no admiten defectos en el proceso anticorrupción. Esto no es moral, sino moralismo. Si nos tapan los ojos con tal de parecer “buenos”, ese moralismo es inmoral.
Algún día aprenderemos a defender principios al margen de las personas. Algún día valoraremos más la justicia que el ajusticiamiento, más el derecho que la revancha.
El viernes pasado tocaba audiencia para tratar el pedido de casación de Keiko Fujimori. Se tuvo que suspender porque uno de los magistrados se inhibió. La noche anterior había salido un audio que arrojaba dudas sobre su independencia.
Es lo que corresponde, por cierto. Y, sin embargo, cabe preguntarse si estos hechos extraños no dañan el derecho a la pluralidad de instancia de la investigada. Este es un derecho fundamental, como reconoce el Tribunal Constitucional (00121-2012-PA/TC).
Por esta vía de la interrupción sistemática del proceso se le facilita a la defensa de Fujimori la denuncia de un agravio constitucional. ¿Eso se busca?
Ojalá que el Poder Judicial pueda subsanar de manera rápida y eficaz el traspié de la casación. Ojalá pueda demostrar que nuestras instituciones pueden administrar justicia, más allá de las olas políticas, ideológicas y de una moralidad a veces inmoral.
