Por: Mariella Balbi
Perú21, 20 de junio de 2018
Se promulgó la criticada ley Mulder o ‘Ley Mordaza’. Básicamente impide que el Estado contrate con medios privados, que pague dinero para publicidad estatal. No más comunicados del Minagri, Minedu, Mininter, PCM y tantas otras siglas que el peruano muchas veces desconoce y que nunca lee.
La aprobación de esta legislación tuvo como escenario una batalla campal entre los medios, junto con el Gobierno, quienes consideran que se limita la libertad de expresión, y 70 congresistas que optaron por la prohibición de la publicidad estatal.
El problema de esta norma es que choca con el principio básico de “prohibido prohibir”. Al hacerlo, lamentablemente polariza, y de qué manera. Estamos inmersos en una campaña frontal donde todos perdemos.
Atacar más al Congreso acusándolo de todo lo maligno de este mundo no lleva a nada. Solo a desacreditar a una institución que, teniendo sus bemoles (vaya que sí), es fundamental para nuestra vida democrática. En este combate se ha llegado al extremo de perseguir a quienes critican la actuación de ciertos actores políticos. Es el caso de Patricia Robinson, una funcionaria del Congreso (a quien no conocemos personalmente) a la que le están haciendo un ‘pogrom’ mediático por sus opiniones en las redes sociales.
Por lo general, en las redes la pasión lleva rápidamente al insulto bajo. A Robinson, asesora de la Mesa Directiva del Congreso, le quieren conculcar su libertad de expresión. La misma que los medios sostienen se ha amputado con la ‘Ley Mordaza’.
Las redes han construido un mundo piraña, donde todos se atacan. A Robinson, que es crítica pero no insultante, se pretende prohibirle expresarse porque es funcionaria del Congreso y –según algunos equivocados– no se puede referir a los parlamentarios y/o políticos. Estos tendrían un estatus superior a esta ciudadana, cosa absurda. Mi amigo Hubert Lanssiers, un humanista cabal y de fina ironía, ya zanjó este problema cuando dijo en una entrevista que le hicimos hace bastante tiempo: “Una opinión es solo una opinión, no tiene más importancia que un trastorno gástrico”.
No persigamos el derecho a expresarse o a informar cuando protestamos porque se restringen estas libertades. Una congresista (antifujimorista) ha llegado al extremo de decir que se siente vigilada en el Congreso porque el jefe de seguridad de esta institución y tres o cuatro subalternos son naranjas.
Usemos las herramientas (no son pocas) que nos da el sistema. Decir que las campañas en pro de los desfavorecidos se afectarán es falso; estas nunca se han hecho en el país. Y las seudocampañas realizadas no tuvieron objetivos claros, ni mucho menos se ha medido su efectividad. Hubo un repudiable gasto orgiástico en publicidad estatal que compró conciencias. Salgamos de esto con ecuanimidad y solvencia.
