Dentro del conjunto de medidas orientadas a enfrentar la desaceleración de la economía, el Gobierno publicó una propuesta orientada a conseguir una mayor diversificación de la estructura productiva de la economía en el largo plazo. Uno de los objetivos a conseguir sería el de provocar un cambio en la estructura de las exportaciones hacia bienes con mayor valor agregado, para así reducir gradualmente la excesiva dependencia de materias primas. Recordemos que cuando se exportan bienes con mayor valor agregado en el fondo se exporta mano de obra, conocimiento, etcétera… En lo que sigue, realizaré un análisis no del detalle de la propuesta sino del enfoque conceptual que la cobija. Utilizaré la teoría de la ventaja comparativa y una adaptación de la teoría de la preferencia revelada.
Para una pequeña economía abierta, como la nuestra, la asignación de recursos debe estar guiada por, al menos, tres principios básicos: a ) ventaja comparativa; b) economías de escala y c) utilización de la capacidad instalada que tenemos, todo dentro de una política económica que busque permanentemente un manejo prudencial de la política monetaria; del gasto público; con una estructura impositiva de pocos impuestos a bajas tasas que tome en cuenta los aspectos distributivos; y un marco regulatorio razonable y sobre todo predecible. Con ello, el Estado sienta las bases para que la iniciativa privada pueda desarrollarse con eficiencia, creatividad y responsabilidad social.
Una de las cosas más complicadas de establecer es revelar la estructura de ventajas comparativas dinámicas de un país. Ante esto, se presentan varias opciones, de las cuales deseo rescatar dos. Primero, es darle esa tarea a un grupo de funcionarios públicos y privados que, con la ayuda de modelos y análisis integrales, revelen las ventajas comparativas que el país posee. Una vez logrado eso, arman un conjunto de medidas específicas para promover el desarrollo de las actividades en las que supuestamente tenemos ventajas comparativas que incluso podrían contemplar esquemas de subsidios y otros tratamientos preferenciales supuestamente temporales, como lo demuestran experiencias de algunos países del Sudeste Asiático. Segundo, no asignar a nadie en particular la tarea de revelar las ventajas comparativas sino dejarla a entera responsabilidad de la iniciativa privada. Aquí al Estado le queda la tarea fundamental de promover en forma eficiente esa toma de decisiones. Pongamos un ejemplo sencillo para ilustrar las dos posiciones. Asumamos que tenemos una hectárea de tierra. Una opción es que alguien prepare y abone toda la extensión para que luego vengan los agricultores y siembren donde crean conveniente y lo que deseen según sus percepciones. Otra opción es que alguien elija solo algunas parcelas y prepare y abone dichas parcelas para convocar luego a los agricultores a que siembren allí lo que se les sugiere. Hay una clara diferencia. Abonar toda la extensión es que el Estado promueva una reforma profunda de la educación, salud, Estado, instituciones, infraestructura; que elimine distorsiones en los mercados de bienes, factores, conocimiento, financiero, etcétera. Con ello, la iniciativa privada podrá revelar las ventajas comparativas del país. Lo otro es hacer algo parcial, ineficiente.
Considero que el Gobierno estaría por la estrategia de asignar la tarea de revelar las ventajas comparativas a un grupo de expertos nacionales y extranjeros. Sería un grave error si persiste en ello. Mejor que se dedique a hacer las reformas profundas que la sociedad necesita.
