Por: Iván Alonso, Economista
El Comercio, 30 de agosto de 2019
El adelanto de las elecciones es para algunas personas que han opinado al respecto la menos mala de las alternativas que tenemos en frente. La vacancia presidencial, a pesar del contenido de los audios de Tía María, les parece injustificada. La renuncia no se puede forzar; el cierre del Congreso tampoco. Pero no podemos seguir así dos años más. Ergo…
Lógicamente, el argumento cae en una falacia que se conoce desde Aristóteles como petición de principio, que significa que la conclusión está ya oculta entre las premisas. Suponer que no podemos seguir “dos años más así” –¿así cómo?– nos conmina a escoger solamente entre tres alternativas, descartando la cuarta. ¿Por qué no podríamos?
A la economía peruana, más allá del pesimismo generalizado, no le ha ido mal en estos tres últimos años. Ha crecido casi un 10%, el triple que el crecimiento poblacional. El peruano promedio es hoy 6% más rico (o menos pobre) que hace tres años. La inversión privada, luego de catorce trimestres de caída ininterrumpida, comenzó a crecer de nuevo a mediados del 2017. La inversión pública, con altibajos, se mantiene prácticamente igual. En total, se han invertido más de US$100.000 millones en lo que va de este gobierno. Se han creado 360.000 puestos de trabajo tan solo en el sector formal, un aumento del 8%. La inflación se mantiene baja; el tipo de cambio ha fluctuado entre 3,20 y 3,40 soles por dólar; y el índice general de la bolsa ha subido un 30%.
En lo que se refiere a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la crisis es también más aparente que real. Con el entonces presidente Kuczynski a la cabeza, el Gobierno pidió facultades legislativas y se las dieron; dictó más de cien decretos legislativos, y el Congreso los aprobó casi todos. Con el presidente Vizcarra, volvió a pedir facultades legislativas y se las volvieron a dar; dictó 213 decretos legislativos, y le aprobaron 210. Propuso un referéndum, y se hizo un referéndum. Propuso seis reformas políticas, se aprobaron las seis y cuatro ya se han promulgado.
En estos tres años, y particularmente en los últimos 18 meses, el Gobierno ha dictado una serie de medidas en materia tributaria, que no han sido cuestionadas ni, mucho menos, revocadas por el Congreso. Con la idea de aumentar la recaudación, el entonces ministro Alfredo Thorne revirtió la reducción progresiva de la tasa del Impuesto a la Renta corporativo, que se había iniciado en el gobierno anterior, y después el ministro David Tuesta subió las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo de diversos artículos. Cuando este último planteó ampliar la base tributaria reduciendo de siete a cuatro UIT la renta personal no imponible, la oposición no vino del Congreso, sino del primer ministro de entonces, César Villanueva. Con la idea de formalizar la economía, primero Thorne y luego el actual ministro Carlos Oliva han permitido la deducción de más y más gastos de consumo. El Gobierno, además, ha puesto en vigor la norma antielusiva, que estuvo suspendida varios años. El Congreso, por otro lado, ha tenido otras iniciativas a las que el Gobierno se ha sumado con entusiasmo, como el llamado IGV justo y la ley de control de fusiones empresariales.
Los intercambios verbales entre ambos poderes, por último, no han sido impedimento para la organización de los Juegos Panamericanos, de la que el Gobierno se ha lucido orgulloso.
