Por: Federico Salazar, Periodista
El Comercio, 18 de agosto de 2019
El Comercio, 18 de agosto de 2019
El presidente Vizcarra sostiene que los peruanos “tienen derecho a ir a las urnas”. Se trata, dijo, de “un derecho que nadie puede impedir”.
El presidente Vizcarra es el presidente Vizcarra. No es el constituyente Vizcarra, no es el congresista Vizcarra. El presidente debe gobernar, no hacer cambios a la Constitución.
Nadie puede impedir, dice, este “derecho constitucional”. La Constitución dice que el mandato es de cinco años y no faculta el adelanto de elecciones.
Lo que propone Vizcarra es un procedimiento de reforma constitucional. Tenemos derecho a reformar la Constitución, sí. ¿Quién tiene que hacerlo? Según la Constitución, el Congreso, no el presidente.
Por presión política (encuestas y demás) el presidente Vizcarra quiere forzar al Congreso a plantear la reforma constitucional. Forzamiento es contrario a derecho.
Un derecho es una facultad, no una obligación. Tienes derecho a caminar por la calle, pero, si quieres, te quedas en casa. El derecho no es el ejercicio del derecho.
También sostiene el jefe del Estado: “El Perú entero demanda abrir una nueva etapa”. El presidente Vizcarra sabe que falta a la verdad. Su problema es con el fujimorismo y con la mayoría del Congreso. Entonces, no es “todo el Perú”.
Tenemos, por cierto, una crisis de legitimidad. La resolvemos con las herramientas de la ley o la resolvemos saltando la ley. El presidente quiere que saltemos la ley.
“Los peruanos exigen un nuevo destino de progreso para todos, los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas, como corresponde en una democracia”. Esto dice Vizcarra.
¿“Progreso”? Por supuesto queremos progreso, pero el progreso está asociado al respeto de las instituciones, no al forzamiento de las instituciones.
Quebrantar la Constitución dice al mundo: ese país no tiene Constitución porque los presidentes cambian su texto y sus mandatos según los vaivenes de la política. En ese país no hay regla confiable.
El presidente Vizcarra cree que el progreso viene de los acuerdos, los diálogos y los consensos. No importa si esos arreglos quedan por encima de la ley.
Tal es el caso de Tía María. El gobierno otorga la licencia y el presidente habla con algunas autoridades sobre cómo hacer caer la licencia que su mismo gobierno otorgó.
Eso es poner la política por encima de la ley. Y es detener una explotación minera de US$1.400 millones en aras de la política. Esta es la peculiar noción de progreso del ingeniero Martín Vizcarra, presidente del Perú por mandato de la Constitución.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, inaugura la explotación subterránea de la mina de Chuquicamata, en el desierto de Atacama. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, hace acuerdos para cerrar el proyecto de Tía María, en el desierto de La Joya.
El presidente hizo acuerdos, entre otros, con el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Este personaje tiene por lo menos dos denuncias por violación sexual.
La ciudadana francesa Carole Marion lo denunció en el 2004, cuando era alcalde de Caylloma. Ella regresó a Francia y no hizo seguimiento del proceso.
La joven Yaritza Huillcahuamán lo denunció en el 2014. Un fiscal archivó el caso por contradicciones de la denunciante. Ella dice que la engañaron y quiere continuar el proceso. En un momento un mismo abogado fue defensor de ambas partes.
Este denunciado por violación es el interlocutor a quien Vizcarra dio facilidades para hacer caer la licencia de construcción de Tía María. ¡En aras del entendimiento, en aras del diálogo, en aras de esta particular concepción de la “democracia”!
La democracia no puede ser enemiga del Estado de derecho. En nuestra democracia no corresponde, como cree el presidente, que el pueblo vaya a las urnas al cuarto año del mandato. Corresponde que vaya cada cinco años. Corresponde, sobre todo, que se cumpla la ley.
Un pueblo que se siente tan poderoso como para estar encima de sus propias reglas no es un pueblo, es una turba.
La democracia no es turba, y habrá que hacérselo entender al presidente Vizcarra. La Constitución por la que él es presidente así lo manda.
